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La parálisis de la Unidad Antilavado,

La parálisis de la Unidad Antilavado,

viernes 10 de enero de 2014, 10:15h
Dentro de pocos días, el 13 de enero, vence el mandato de José Sbattella como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y la nueva ley que regula a la UIF establece, entre otras cosas, nuevos parámetros para el procedimiento de selección de sus autoridades, incluyendo requisitos de idoneidad , y procedimientos abiertos y públicos de selección.
 
Si Sbattella desea continuar al frente de la UIF, y si la Presidenta pretende renovar su mandato, deberá respetar los criterios de selección establecidos por ley: publicidad de sus antecedentes, presentación exhaustiva de sus actividades profesionales en los últimos ocho años, declaración de bienes propios y de su entorno familiar y el escrutinio de ciudadanos, ONG, colegios y entidades académicas y profesionales que deseen hacerlo. Finalmente, Sbattella deberá someterse, en ese caso , a audiencia pública y hacer frente a eventuales observaciones e impugnaciones.
 
Si la Presidenta cumple, como corresponde, con la ley, se expondrá a un nuevo caso Reposo -agravado en esta oportunidad por la experiencia previa-, debido a que Sbattella ya demostró su incompetencia al frente de la UIF.
 
Teniendo en cuenta los antecedentes, hay por lo menos cuatro razones por las cuales Sbattella debe dejar la UIF.
 
1. En 2010, durante su mandato, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -que evalúa estándares antilavado globales- señaló la "falta de profesionalismo y criterio técnico de la UIF". Este mismo organismo recomienda que la UIF sea una unidad de carácter técnico y no político. Observaciones de esta naturaleza motivaron que la Argentina ingresara en la "lista gris, de observación regular" del GAFI.
 
2. La UIF, bajo la conducción de Sbattella, tuvo una deslucida actuación ante los sucesivos planes de blanqueo del gobierno nacional. Puntualmente, desde el bloque de senadores radicales solicitamos, en agosto de 2010, que nos informase sobre las "operaciones sospechosas" de lavado de dinero que estaba analizando ese organismo fruto de la ley de blanqueo de 2009.
 
La UIF contesto textualmente: "[Esta UIF] está brindando exhaustivo tratamiento a 586 reportes de operaciones sospechosas". Sin embargo, a la fecha, la UIF no formalizó ni una denuncia penal de aquellas 586 "sospechas" que tenía.
 
3. En estos momentos hay por lo menos cuatro causas penales en las que se investiga al presidente de la UIF por delitos relacionados con la omisión de realizar las denuncias correspondientes en casos reconocidos y que vinculan a Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros.
 
4. Finalmente, una observación estrictamente vinculada a la gestión. La UIF no se vinculó estrechamente a la prevención y lucha contra el narcotráfico en la Argentina, pese a que debe desempeñar un papel fundamental en coordinación con los fiscales antidrogas y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
 
En la sesión de junio de 2011, cuando se modificó la ley antilavado, se ampliaron las facultades de la UIF y se establecieron estrictos criterios de selección de sus autoridades, tuve la responsabilidad de expresar la opinión del radicalismo en el recinto. Allí expresé que la UIF contaría desde entonces con "inmensas facultades, con atribuciones de investigación y avances sobre derechos individuales y colectivos como no tiene ningún otro organismo del Estado. Incluso más atribuciones que la propia AFIP".
 
Habiendo tenido a su disposición todos los instrumentos legales para hacer de la UIF una verdadera agencia anticorrupción, sirviendo a la Justicia para detectar y denunciar operaciones del delito organizado, la UIF tiene un desempeño deslucido, actitudes cuestionables y una conducción deficiente e inepta. Mal haría la Presidenta en intentar prorrogar el mandato de las autoridades vigentes.
 
El pasado 19 de diciembre, cuando las fuerzas políticas con representación parlamentaria firmamos un compromiso de formular políticas públicas contra el narcotráfico lo hicimos con una convicción: la Argentina que viene tiene un desafío principal en la lucha contra el delito organizado. Darle a la UIF autoridades competentes, probas e idóneas es un paso fundamental para iniciar ese camino.
 
 
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