Principio de acuerdo con España por la compensación de la expropiación del 51% de YPF

 De la reunión realizada en la Ciudad de Buenos Aires participaron el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y, por parte del gobierno argentino, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
 
También estuvieron presentes en el encuentro el presidente de YPF Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta; Isidro Fainé en representación de La Caixa, y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.
 
Según informaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado, tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso.
 
Las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas.
 
La empresa española, por su parte, anunció a través de un comunicado emitido minutos después de conocerse el resultado del encuentro que "someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones".
 
El principio de acuerdo abriría la última etapa del proceso de nacionalización de YPF, anunciado el 16 de abril de 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante el envío de un proyecto de ley, que finalmente fue sancionado por el Congreso el 3 de mayo de ese mismo año.
 
Según los términos del acuerdo alcanzado hoy, el posible pago de una compensación por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol obligaría a la compañía española a retirar una solicitud de arbitraje presentada en diciembre pasado ante el CIADI tras la nacionalización de la petrolera estatal.
 
Asimismo, Repsol debería desistir de las medidas cautelares presentadas ante ese mismo organismo por el acuerdo entre YPF y Chevron, al que la empresa de origen español calificó de "ilegítimo" por considerar que "pone en peligro la integridad de la restitución".
 
Dos semanas atrás, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal había rechazado una demanda iniciada por uno de los directores de YPF designado por Repsol, Luis García del Río, quien había solicitado obtener copia del contrato suscripto con Chevron para el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.
 
El tribunal consideró que la posibilidad de exigir judicialmente la documentación requerida por García del Río se encontraba vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos destinados a tales fines.

Por parte de Repsol, han viajado a Argentina el director general de Exploración y Producción, Luis Cabra; el director general de Operaciones, Nemesio Fernández Cuesta, y el vicesecretario general y coordinador de actuaciones YPF, Miguel Klingenberg.
También ha asistido al encuentro el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) -segundo accionista de Repsol, con una participación del 9,3 %-, Emilio Lozoya, quien ha protagonizado esta semana duros ataques contra la dirección de la petrolera.

Este encuentro, la primera cita formal entre las partes que ha trascendido, se produce después de una semana en la que se ha disparado la tensión entre la dirección de Repsol y Pemex, que en ocasiones ha manifestado su interés por trabajar con YPF.
La pasada semana, el director general de Pemex cargó contra la retribución de la dirección de Repsol, frente a los pagos que reciben los accionistas y entre rumores de un posible acuerdo con el magnate Carlos Slim para hacerse con el control de la petrolera española.
A esto hay que añadir que en junio Pemex intentó mediar entre Repsol e YPF al llevar al consejo de administración de la petrolera una propuesta de acuerdo, que finalmente fue rechazada por unanimidad al considerarse "insatisfactoria" y "basada en activos sobrevalorados".
Aquella propuesta contemplaba la creación de una sociedad conjunta entre Repsol, YPF y Pemex para explotar el 6,4 % del yacimiento de Vaca Muerta (Argentina) e implicaba la retirada de todos los litigios judiciales abiertos por la empresa española.