El domingo se hará una nueva marcha de protesta
Mujica no permitirá que los manifestantes argentinos crucen a Uruguay
viernes 04 de octubre de 2013, 10:27h
El presidente de
Uruguay, José Mujica, no permitirá que los habitantes de Gualeguaychú crucen el
domingo la frontera para expresar su protesta por la decisión de Montevideo de
autorizar a la papelera UPM-Botnia el aumento de la producción en su planta
situada a orillas del río que sirve de frontera entre los dos países.
Según informa el
diario uruguayo 'El País', Mujica conversó este jueves por teléfono con el
intendente (gobernador) de la provincia uruguaya de Río Negro, Omar Lafluf, y
ambos acordaron que solo el intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, y tres
personas podrán cruzar la frontera, no así los 'piqueteros'.
Las organizaciones
ecologistas y vecinales contrarias a la planta de celulosa situada en la ciudad
uruguaya de Fray Bentos, al otro lado del río Uruguay frente a Gualeguaychú,
han convocado para este domingo una marcha en protesta por el aumento de la
producción hacia el puente que une a los dos países.
En declaraciones a
'El País', Lafluf, en cuya provincia está Fray Bentos, acordó con el presidente
del país que solo Bahillo y una pequeña delegación podrán entrar a Uruguay para
mantener un encuentro con él.
Además, según el
diario, el Gobierno uruguayo está preparando medidas de seguridad para impedir
el ingreso de activistas en masa por el puente Fray Bentos-Puerto Unzué y el
despliegue de lanchas en el lado uruguayo del Río Uruguay.
Por el momento,
según las fuentes consultadas por el periódico, no se desplegarán soldados para
garantizar la seguridad de la planta. Durante la anterior crisis, en diciembre
de 2006, el entonces presidente Tabaré Vázquez ordenó el despliegue de unos 60
soldados de infantería, que tomaron posiciones dentro del perímetro de Botnia
con fines disuasivos. Además, la Armada Nacional instaló piquetes en la
terminal portuaria de la empresa y la Policía se encargó de custodiar el
interior de Botnia.
En esta ocasión,
desde ayer la Prefectura Nacional Naval dispuso el alerta en costas del río
Uruguay ante posibles incursiones sorpresivas de activistas argentinos y armará
un dispositivo de seguridad para el próximo domingo para evitar que la marcha
de los ecologistas cruce el puente hacia Uruguay.
El miércoles,
Mujica anunció que había autorizado a la papelera a producir 100.000 toneladas
más, la mitad de lo que la empresa había pedido, con algunas condiciones
relativas al impacto que su actividad tiene en el río Uruguay, que separa al
país de Argentina. El Gobierno argentino anunció inmediatamente que llevará la
cuestión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Además, el
canciller argentino, Héctor Timerman, acusó este jueves a la empresa papelera
finlandesa de haber extorsionado al Gobierno de Uruguay con la amenaza de
despedir a miles de empleados para conseguir que Mujica le autorizara a elevar
su producción de celulosa.
"Es un error
dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente
entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina" y permitir que
"los intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas",
defendió Timerman.
El canciller
denunció que "UPM realizó todas las maniobras posibles para forzar a
Uruguay a tomar una decisión violatoria de los acuerdos y que llevaba a un
problema muy serio entre ambos gobiernos" y acusó a la empresa de haber
hecho "extorsión" a Montevideo amenazando con despedir a los
trabajadores.
El fallo anterior
El 20 de abril de
2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por
UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los
supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial
se remonta a 2006, cuando Argentina denunció a Uruguay ante La Haya exigiendo
el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y
visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un
varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el
cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación
no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su
instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto,
añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las
aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los
desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas
naciones.
No obstante, la CIJ
condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al
permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar
previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no
respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de
notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la
obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación",
sentenció.
Por otro lado, el
alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento
racional" del río Uruguay, para el que Argentina y Uruguay deberían
promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los
derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio
en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que
tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es
importante que las dos respeten esta norma", concluyó.