Piden la renuncia del ministro de seguridad y del jefe policial cordobés por vínculos con narcotraficantes

"La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas", sostienen desde el sector kirchnerista.
 
Asimismo consideran que "no se puede tolerar -a pesar de la justificación de las mismas por parte del gobernador José Manuel de la Sota- el tenor de las declaraciones vertidas por el Jefe de Policía, en oportunidad del velatorio del policía miembro de Drogas Peligrosas Juan Alós, encontrado sin vida en su auto el pasado sábado y cuyas circunstancias de la muerte aún resta esclarecer".
 
"El irrespeto hacia la Justicia, puesto de manifiesto nuevamente  por autoridades y legisladores oficialistas, tras los allanamientos y detenciones dispuestas" por la Justicia Federal "es el punto máximo al que ha llegado el gobierno de José Manuel De la Sota, que sólo apela a entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico", agregan.
 
"La autonomía policial, defendida con tanto ahínco por el gobernador, no es otra cosa que la renuncia de las autoridades políticas a la conducción de una fuerza como la Policía de la Provincia, dotada de armas y organizada no para delinquir sino para defender a los ciudadanos del delito, para brindarles seguridad", sostienen en otro de los párrafos del texto emitido.
 
En ese contexto consideran que "esta policía no cumple con el rol que se le asigna como institución en una democracia donde rige el Estado de Derecho. En Córdoba, la fuerza policial, tal como lo estamos viendo por estos días, está lejos de defender a los ciudadanos previniendo el delito".
 
Mientras "los cordobeses observamos pasmados a una institución sospechada de graves hechos delictivos, con miembros de su plana mayor cuya transparencia en su accionar está puesta en cuestión, la conducción política de la provincia reacciona apenas defendiendo el desatino de policías que debieran someterse a su autoridad".
 
Con esas maniobras de protección "las autoridades solo buscan eludir sus responsabilidades descalificando el accionar de la Justicia; llegaron al punto de adjudicar esta crisis al gobierno nacional", critican desde Unidos y Organizados al referirse al posicionamiento fijado anoche por el bloque de legisladores delasotista en adjudicar a una "maniobra política del gobierno nacional" la investigación  contra la policía.
 
Desde el bloque de legisladores provinciales del radicalismo también pidió las renuncias de los funcionarios y exigió a De la Sota que ""respete el accionar de la Justicia".
 
También el senador nacional del Frente Progresista y Social de la Córdoba, Luis Juez, pidió al gobernador De la Sota por la renuncia de los dos funcionarios y que también "deje de encubrir a la policía".
 
El legislador nacional también anticipó va a promover una "denuncia penal" en contra del mandatario provincial y de los funcionarios que tienen responsabilidad política sobre la policía.
 
Mientras tanto en la medianoche se entregaron ante la Justicia y quedaron en calidad de detenidos los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes la Justicia Federal había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presunto vínculos con el negocio del tráfico de drogas.
 
Los detenidos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; oficial inspector Franco Argüello; sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.
 
Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, ordenó en las últimas horas de ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los mencionados.
 
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `el francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y que motivó al fiscal  Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.
 
Viarnes, en calidad de `arrepentido´ dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
 
Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otros de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia en pasado último, un hecho que para el fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, se trató de un suicidio.