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La Corte Suprema y el giro conservador

La Corte Suprema y el giro conservador

Por Soledad Guarnaccia
martes 27 de agosto de 2013, 14:36h
En el mismo momento en que a través de sus fallos asegura la vigencia del estado de cosas establecido, la Corte Suprema construye un escenario en el que busca producir mediáticamente la escena de un poder independiente.
 
 
  Uno de los grandes debates públicos encarados en este segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ver con la Reforma del Poder Judicial. La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de los aspectos centrales de la Reforma, como la elección por medio del sufragio de los representantes de los órganos políticos que designan a los jueces y la iniciativa tendiente a modificar la composición del Consejo de la Magistratura, consagraron la validez de un principio político marcadamente conservador: el Poder Judicial es inmune al sufragio popular. Es probable que aún no estemos en condiciones de calibrar la envergadura de este retroceso en materia de democratización de los poderes del Estado, un retroceso que no será sencillo revertir por las fuerzas políticas populares e incluso por quienes dentro del Poder Judicial bregan por otro tipo de diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad.
Desde un punto de vista político, esta declaración de inconstitucionalidad puede ser interpretada como la instancia en la que la Corte termina por asumir un papel no sólo "activo", sino también "dirigente" respecto a las tensiones y crisis internas que se estaban operando en el seno del Poder Judicial. Recordemos que el 6 de diciembre del 2012, la Cámara en lo Civil y Comercial extendía la medida cautelar que permitía la no aplicación de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que perjudicaban al Grupo Clarín, en lo que constituía un abierto desafío, entre otros, a la Corte Suprema, que meses antes había pedido expresamente no prolongar indefinidamente las cautelares.
 
A partir de ese momento, la Corte Suprema tomó nota de este desafío proveniente de sectores del Poder Judicial que evidentemente no se reducían al elenco que compone la Cámara Civil y Comercial (como pudo apreciarse en las numerosísimas cautelares que siguieron a las leyes de la Reforma Judicial) y asumió activamente la representación de dichos sectores. Su postura respecto a las leyes de la Reforma Judicial consumó, pues, este giro, a pesar de la emergencia de "Justicia Legítima" y con la solitaria voz en disidencia del jurista Eugenio Zaffaroni.
 
Este papel "dirigente" le permitió a la Corte "re-legitimarse" respecto a los sectores que representan los intereses más corporativos del Poder Judicial. Es decir, le permitió "re-legitimarse" hacia "adentro". Como consecuencia de ello, la Corte consiguió también legitimarse "hacia afuera", más precisamente, respecto a quienes de algún modo están interesados en debilitar al gobierno y neutralizar sus iniciativas. Ahora bien, en vísperas del fallo definitivo sobre los artículos en litigio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una pregunta política importante consiste en saber hasta qué punto la Corte está también interesada en profundizar este giro conservador.
 
Los indicios que se siguen de las acordadas y fallos de las últimas semanas no son para nada alentadores para los que buscan una "Justicia" más justa. En efecto, apenas pasadas las elecciones primarias, la Corte Suprema de Justicia tomó posición sobre iniciativas de la Reforma Judicial que incluso los más fervientes anti-kirchneristas habían sostenido que no eran objeto de polémica.
 
Así, en primer lugar, declaró la inaplicabilidad del artículo que dispone el control y difusión de las declaraciones patrimoniales de los magistrados bajo la órbita de la Oficina Anticorrupción, el organismo que concentra las declaraciones de bienes de los funcionarios y representantes del Ejecutivo y el Legislativo, e informó que será la propia Corte Suprema la encargada de concentrar, controlar y difundir dicha información.
 
  A su vez, en cuanto al mandato de difundir públicamente las sentencias y resoluciones judiciales, el Supremo Tribunal consideró cumplido dicho objetivo en sus aspectos centrales pero lo declaró inaplicable respecto a publicar los temas a tratar en sus propias reuniones con una antelación de cinco días, por considerar que la medida "invade una esfera propia y exclusiva de este tribunal".
 
Por último, también objetó la Ley en lo relativo al ingreso por la vía de concursos al Poder Judicial resolviendo su inaplicabilidad en cuanto a sus propios empleados y funcionarios y a los que dependen del Consejo de la Magistratura. Además, la acordada convoca a la conformación de una comisión interpoderes para instrumentar un mecanismo que sea aplicable a todos los poderes del Estado y no solamente al Poder Judicial.
 
Como se puede ver, en las tres acordadas, claramente orientadas a socavar el espíritu de democratización que plantea la ley, la Corte rechaza lo que considera una extralimitación de los otros dos poderes del Estado, en nombre de la tan aclamada "independencia de la Justicia". Sin embargo, lo que parece estar ocurriendo es justamente lo contrario, como sostuvo el titular de Derecho Constitucional de la UBA, Raúl Gustavo Ferreyra: "La Corte puso de manifiesto su función legislativa; es un nuevo caso de gobierno de los jueces. El ejercicio inusual de este poder legislativo genera la 'inaplicación' de reglas sancionadas por el Congreso, con iniciativa de la Presidenta de la República". El carácter "dirigente" que asume así la Corte tiene una única dirección: ella dispone y legisla los tiempos, condiciones y medidas de publicación de los fallos, las declaraciones juradas de los miembros que componen el Poder Judicial, las reglas de elección a los cargos públicos, etc. Un verdadero poder independiente de cualquier control ciudadano.
 
En la misma semana, el máximo tribunal dejó en firme la medida cautelar a favor de la Sociedad Rural, dictada en enero de este año por la Cámara en los Civil y Comercial mediante un procedimiento que habilitó la Feria Judicial para avalar la suspensión de la expropiación del predio de Palermo. En esta oportunidad, la Corte acompañó la decisión de la Cámara al rechazar la apelación de la cautelar por parte del Estado por considerar que su presentación se realizó "fuera del plazo establecido", con un argumento que valora los tiempos procesales con criterios evidentemente distintos al modo en que valora el paso del tiempo para dictar un fallo respecto a leyes como la de Servicios de Comunicación Audiovisual: "es doctrina del Tribunal que los plazos procesales resultan perentorios y fatales en tanto razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual y sin extenderlo más, resultan perdidos".
 
  Por último, y en el mismo momento en que se instituye como representante de los sectores del Poder Judicial que se opusieron a su reforma y se muestra como el más firme custodio de todos los formalismos legales, la Corte convoca, en relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a una "audiencia pública Amicus curiae". En sus considerandos, la resolución expresa "que ante la trascendencia de las cuestiones planteadas en estas actuaciones para ser decididas por esta Corte, se considera apropiado habilitar los instrumentos especialmente previstos para permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública del modo en que el Tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia". Así, la ley más debatida de la democracia argentina vuelve a encontrar en la Corte otro supuesto espacio de deliberación, que a su vez dilata todavía más la decisión sobre el fallo. En realidad, lo que se construye así es la escena de un poder independiente, por parte de una Corte que pone reparos para publicitar sus fallos pero no para televisar las audiencias, como si no le alcanzara con declamar su independencia: para reforzar el verosímil, esa independencia tiene que ser vista en la pantalla.
 
 
¿Profundizará la Corte el giro conservador que viene sosteniendo en estos últimos meses cuando finalmente se pronuncie respecto a la Ley de Servicios Audiovisuales? Los indicios que ha dejado entrever en la semana que acaba de pasar no son para nada alentadores.
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