De cómo la producción derrotó al populismo

El Estado nacional, que necesita cada vez más dinero para financiar su déficit, no está en condiciones de destinar recursos tributarios a la promoción de la economía.
 
Casi 80 por ciento del producto bruto de la Argentina proviene de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Santa Cruz es, a su vez, una de las que tienen mayor ingreso per cápita.
 
En las primarias del domingo pasado, el gobierno perdió en todos esos distritos.
 
¿Cómo se explica esto en un país que, después de siete años de recesión, creció entre 2003 a 2012 a "tasas chinas"?
 
¿Es cierto que el gobierno fue castigado por su heterodoxia institucional, una gran intolerancia y los hechos de corrupción?
 
Esos factores ya existían en 2011, cuando la Presidenta ganó con 54 por ciento de los votos. No obstante, ríos de tinta corren en estos días, procurando vincular la caída del oficialismo a los ataques a la justicia, el aislamiento político y graves irregularidades.
 
Sin duda, esos son hechos concurrentes que no deben subestimarse. Pero basta superponer el mapa electoral al mapa económico del país para advertir una correlación entre la disminución de fuerza electoral y la economía.
 
Los analistas políticos son poco proclives a las explicaciones económicas, pero es imposible hacer un análisis certero sin reparar en un hecho: el PIB, que había crecido 9,2 por ciento en 2010 y 8,9 en 2011, descendió abruptamente a 1,9 el año pasado.
 
Se podría vincular el descenso a la crisis de la Unión Europea, que provocó una disminución de nuestras exportaciones a esa región; pero Europa no es el principal destino de nuestros productos y, en cualquier caso, eso está muy lejos de justificar una caída de 7 puntos en el PIB.
 
Es más plausible asociar la reducción del PIB a la política económica, que desde la reelección se ha vuelto más errática, intervencionista, arbitraria e ineficiente, y ha castigado los sectores más productivos.
 
La intervención del Estado es positiva cuando éste planifica, orienta y promueve el desarrollo económico. No cuando abandona su rol y deja todo en manos del mercado. Tampoco cuando distorsiona y coarta. Uno de los casos de fatal intervencionismo es el que se hizo en el sector petrolero durante los últimos diez años: las importaciones de combustibles crecieron 1.765 por ciento y el año pasado se llevaron 10.000 millones de dólares. Desde 2011 ocurrieron, además, muchas cosas.
 
Inflación, presión impositiva, cepo cambiario e inseguridad jurídica conspiran hoy contra la producción. La inflación aumentó, entre el día de la elección de 2011 y el 21 de julio pasado, 48 por ciento. El Estado nacional, que necesita cada vez más dinero para financiar su déficit, no está en condiciones de destinar recursos tributarios a la promoción de la economía. El cepo cambiario impide la libre importación de insumos industriales y la disposición de divisas para amortizar créditos internacionales o inversiones del exterior.
 
La inseguridad jurídica se ha agravado. El Estado tenía todo el derecho a expropiar YPF, pero eso requería, según lo prescribe la Constitución, una ley anterior que declarase la utilidad pública de la expropiación, y una indemnización previa al apoderamiento.
 
La de YPF se hizo por decreto y sin indemnización. Actos de ese tipo crean incertidumbre y ahuyentan a la inversión, que ya es 5 veces inferior a la de Brasil, 2 veces y media menor que la de Chile, la mitad de la que recibe Colombia y la misma que va al Perú.
 
No parece que Chevron vaya a revertir la tendencia: su inversión proviene de la liberación de un embargo solicitado por la justicia de Ecuador, según algunos analistas, aportes que en realidad hace YPF. Más lo que debe soportar el Tesoro, ya que se libera a la empresa norteamericana de las retenciones y le otorga la libre disponibilidad de divisas.
 
La minera Potasio Río Colorado, subsidiaria del gigante brasileño Vale, desistió este año de un proyecto minero de 11.000 millones de dólares: la explotación y comercialización de cloruro de potasio en Mendoza. Se ha dicho que la decisión obedeció a problemas impositivos de Vale en Brasil. La minera dijo que, después de haber invertido 1.800 millones de dólares, se obligaba a suspender el proyecto "a causa del contexto macroeconómico actual".
 
Someter las inversiones a la incertidumbre es muy peligroso para un país que, para sustentar una tasa moderada de crecimiento, necesita invertir 9.000 millones de dólares por año a fin de producir la necesaria energía, que ya hoy no alcanza para acompañar el módico crecimiento al que nos hemos visto reducidos.
 
Es posible que los empresarios del campo exageren la crisis actual, pero es indudable que los costos de producción y la regulación del dólar están afectando seriamente a distintos sectores. Aun la soja se hace cada vez menos rentable, sobre todo para el pequeño productor, que por efecto de la inflación y el nivel de retenciones, está recibiendo el equivalente a un dólar de 3,25.
 
Todo esto ha afectado a las provincias donde el oficialismo perdió la elección. También a la Ciudad de Buenos Aires, que es el reflejo de la economía nacional.
 
Aquellos distritos en los que el oficialismo triunfó son los beneficiarios de subsidios y una asistencia social que, por su distribución y montos, bajan la productividad y ocultan el desempleo de quienes viven merced a esas dispensas del Estado. Esas políticas no alteran la inequidad estructural ni favorecen el desarrollo económico, pero producen un bienestar narcótico que favorece transitoriamente la popularidad de quien gobierna. Es a eso a lo que se llama populismo.
 
Sin desistir de recursos tributarios imprescindibles ni de la asistencia social justificada, el Estado debe transferir crecientes recursos a la promoción del desarrollo y el empleo genuino.
 
Al gobierno eso le valdría mucho más que dilapidar recursos públicos, apabullar con propaganda oficial, refugiarse en la retórica, todo para terminar perdiendo respaldo social