Tras la declaración de Moreno, se inicia una causa contra el economista Jorge Todesca

Este pronunciamiento se conoció hoy luego de la declaración del jueves ultimo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ante el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa 8215/11 iniciada a partir de una denuncia presentada por el consultor Jorge Todesca.
 
El fiscal González, a cargo del caso, "reclamo la urgente extracción de testimonios de las partes pertinentes de lo actuado, y su remisión a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para que resulten allí investigadas la propia consultora Finsoport y sus autoridades", dijo esta tarde Moreno a Télam.
 
Durante su exposición ante el juez Bonadío, el secretario de Comercio Interior explicó los alcances de lo actuado en sede administrativa respecto de la consultora Finsoport y denunció a sus directivos y propietarios por "la publicación de informes sobre datos de inflación falsos construidos a fin de beneficiarse, y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos agentes del mercado financiero".
 
Moreno dijo que con esas publicaciones se buscó de manera deliberada perjudicar a "dos sectores de la sociedad: a los consumidores en su conjunto y al Estado Nacional", ya que "los efectos de los actos aquí denunciados inciden sobre títulos públicos y otros bienes protegidos por la ley".
 
La nueva denuncia, promovida ahora por el fiscal González contra Todesca y Finsoport S.A., se suma a las que ya se tramitan ante los juzgados en lo Penal Económico a cargo de los jueces Marcelo Aguinsky, Rafael Caputo y Alejandro Catania.
 
Las causas en las que la Secretaría de Comercio Interior interviene como parte querellante, abarca a las consultoras Finsoport, Melconián y Santangelo S.A., Orlando Ferreres y Asociados, y Buenos Aires City, de Graciela Bevaqua.
 
El artículo 300 del Código Penal, referido a fraudes al comercio y a la industria, sostiene que serán sancionados con "prisión de seis meses a dos años" quienes hicieren "alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género".
 
También comprende a quien "ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas".
 
En su artículo tercero sostiene que esta situación abarca al "fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia", entre otras cuestiones.