Esta corrupción nos somete a tragedias evitables

A un año y cuatro meses de Once, vuelven las imágenes de hierros retorcidos, heridos y víctimas fatales vinculadas con una tragedia ferroviaria, que esperábamos no tener que ver nunca más.
 
Frente a esto, el expresar nuestra solidaridad absoluta a las víctimas y sus familiares se impone más allá de toda consideración política. Y también se impone, por respeto y por necesidad, el exigir responsabilidades ante el drama de la tragedia permanente de los trenes en la Argentina.
 
Desde el momento en que ocurrió la tragedia de Once, se dijo mucho sobre la necesidad de reformar el sistema de transporte y las líneas de trenes. Se sucedieron las intervenciones estatales a líneas ferroviarias. Se prometieron obras, modernización, cambios en la gestión de la cual nadie se hizo responsable. Nadie dio cuenta de nada: nadie controló a quienes se erigieron como paladines controladores. Los resultados están a la vista.
 
En su momento propusimos la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso, para que hiciera un seguimiento de las obras en el Sarmiento. Lo hicimos a propuesta de los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once, que entendían que los legisladores debían supervisar las obras prometidas. El expediente, por supuesto, está cajoneado. Lleva casi nueve meses en el limbo parlamentario de esos proyectos que no merecen tratamiento exprés, los proyectos que son realmente necesarios para la sociedad, y no para el poder político.
 
Pero la idea del oficialismo siempre es no rendir ninguna cuenta. Porque tendrían que admitir el fracaso total de la política de transportes que vienen enarbolando como otra bandera épica. O, mejor dicho, de esta política de subsidios que desde 2001 esconde una ausencia completa de políticas, porque tras la mascarada del subsidio vamos a encontrar nada más que corrupción, no políticas.
 
Esta persistente corrupción ha generado un sistema ferroviario signado por la falta de inversión y mantenimiento insuficiente, aún cuando el Estado dedica más de 17 mil millones de pesos anuales para ello.
 
Esta corrupción y opacidad nos somete a una serie de tragedias evitables que nunca acaban, y que no pueden quedar impunes.
 
El tiempo de las excusas se terminó. Los argentinos merecemos un sistema de transporte donde los usuarios no arriesguen su vida todos los días, y un Estado que asuma sus responsabilidades y deje de ser cómplice de la corrupción.
 
Por Ricardo Gil Lavedra,
 Presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR.