Memoria, verdad y justicia: Ingenio Ledesma: pasado, presente y futuro

Los juicios por la Memoria, Verdad y Justicia, que por primera vez se están desarrollando en la provincia de Jujuy, permiten resignificar el pasado y habilitan en el presente mayores condiciones de receptividad a los reclamos de los trabajadores.

Hace pocos días, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma denunció a la empresa ante el Ministerio de Trabajo por serios incumplimientos en las condiciones laborales, constatados por inspecciones recientes de la Dirección Provincial de Trabajo de Jujuy.

Enumeremos algunos puntos de la denuncia. Los vehículos que transportan a los trabajadores no son seguros: ni los que las empresa dejó inspeccionar a las autoridades provinciales ni tampoco los camiones "volquetes" ocultados a la inspección, donde los trabajadores son amontonados como ganado. Las viviendas que ocupan los trabajadores durante la cosecha son insalubres: provocan hacinamiento, no preservan condiciones de higiene y no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad.

Estas condiciones, que la Dirección Provincial de Trabajo ordenó a la empresa modificar en un plazo de seis meses, acontecen en el marco de un sistema de contratación que favorece la precarización laboral. Por un lado, porque encuadra como "trabajadores eventuales" a quienes año tras año se dedican a las distintas actividades de Ledesma. Por otro lado, porque la empresa sostiene un importante esquema de tercerización. Sumado a estas condiciones, el Sindicato formuló las ya clásicas denuncias por el alto nivel de toxicidad de los desechos del Ingenio, que provoca enfermedades y muertes en toda la zona de influencia de la empresa.

Ledesma no es la única empresa que en la actualidad es denunciada por estas razones. Pero su situación es singular por su enorme capacidad para incidir en la vida colectiva. En este sentido, el presente político que hoy vive nuestro país permite comenzar a discutir no sólo el poder de las grandes corporaciones comunicacionales, sino también el de aquellas corporaciones cuya expansión económica supo anudarse, siguiendo las modalidades propias del capitalismo en Argentina, con el peso político de las familias locales, consiguiendo así ligar dos enormes fuentes de poder: capital económico y control territorial.

Éste es el caso de Ledesma, que emergió en el siglo XIX de una de las más importantes fincas de la región oriental de la provincia, propiedad de la familia Ovejero, uno de cuyos miembros alcanzaría la gobernación de Salta.
Durante los primeros años del siglo XX, el Ingenio inició un fuerte proceso de concentración económica tras su alianza con capitales extranjeros. Entre sus consecuencias más notorias se encuentra la modificación estructural de la propiedad de la tierra, que pasaría casi en su totalidad a manos de la empresa, y la monopolización de las actividades de la región.

Hasta entonces, en el oriente jujeño, el indio tenía una presencia destacada. Su explotación fue una de las bases del crecimiento de la industria azucarera; así lo describía ya en 1904 Bialét Massé en su Informe sobre el estado de la clase obrera: "Se reniega del indio pero se lo explota [...] el ingenio es su creación; suprímase el indio y todas esas riquezas mueren por falta de trabajo que la elabore".

Este proceso posibilitó que Ledesma concentrara poderes propios de un "Estado dentro del Estado". Así, en tierras que eran propiedad de la empresa se instalaron las fuerzas de seguridad, dependencias judiciales, municipales y servicios públicos. De este modo, se entiende que durante la última dictadura cívico-militar, Ledesma haya cortado el suministro eléctrico y facilitado la logística para el secuestro de trabajadores y estudiantes, gran parte de ellos aún desaparecidos, en los hechos conocidos como la "Noche del Apagón".

Después de treinta años de democracia, y en el marco de las políticas nacionales de Memoria, Verdad y Justicia, los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la provincia de Jujuy están siendo juzgados por primera vez. A su vez, en virtud de la labor incansable de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales de la provincia, el año pasado fueron procesados el Presidente de Ledesma Carlos Blaquier, como partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad de 29 personas, y Alberto Lemos, ex-administrador, como partícipe secundario, durante "La noche del apagón".

El valor de estos juicios es incalculable, por varios motivos. En primer lugar, porque hacen justicia a quienes, durante los años setenta, fueron desaparecidos por intentar organizar las fuerzas populares en aras de un proyecto que puso en cuestión el poder económico, social y político de grandes corporaciones como Ledesma.

En segundo lugar, porque se trata de juicios que permitirán evaluar no sólo la adhesión, sino el accionar directo de civiles en los crímenes perpetrados por la última dictadura.

Y en tercer lugar, porque el hecho mismo de que se realicen los juicios genera las condiciones necesarias para que denuncias como las realizadas por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma puedan formularse e incluso consigan una mayor recepción social y política.

Hay que tener en cuenta que el poder económico y social de empresas como Ledesma es tan grande, que su cuestionamiento resulta sumamente difícil en territorios cuya supervivencia depende en gran medida de las alianzas que se establecen con dichas empresas.

De este modo, en los Juicios queda en claro, una vez más, por qué las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no sólo tienen que ver con el pasado, sino también con el presente y el futuro. De su realización depende también que los trabajadores de Ledesma tengan más posibilidades de viajar seguros al trabajo, habitar sus viviendas en condiciones dignas y gozar de los derechos que la Constitución reconoce a los trabajadores.