SSe creían piolas
Procesan a miembros de una cooperativa por estafas a más de 77.000 jubilados
jueves 03 de enero de 2013, 21:13h
La resolución fue dictada por la jueza porteña federal,
María Servini de Cubría, por estafas reiteradas contra jubilados que sufrieron
descuentos en sus haberes, a nombre de una cooperativa, por servicios que nunca
habían solicitado.
La causa se inició hace seis años por la denuncia de una
jubilada a quien todos los meses le descontaban entre 1,70 y 2,10 pesos de su
haber a nombre de la cooperativa "Ferromar ltda" en una operatoria
que fue aplicada a más de 77.000 beneficiarios, entre ellos pensionados y ex
combatientes de Malvinas.
El descuento aparecía identificado con un código en los
recibos y la denunciante, la pensionada Martha de la Fuente, fue a la Justicia
ante esa deducción que se le practicaba.
Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva por
supuestas "estafas reiteradas en 77.478 hechos, los que concurren en forma
real entre sí e idealmente con 29 hechos de adulteración de documento
privado", delitos que prevén hasta seis años de prisión.
La decisión alcanzó a Julio Garialde, María Verónica
Garialde, Epifania López y Luis Cariati, miembros de la cooperativa, con un
embargo de casi 4.500.000.
En tanto fueron procesados por "incumplimiento de los
deberes de funcionario público" María Rodríguez, Isabel Lovrincevich y Mariano
Casabella, de la ANSES, con embargos de 500 mil pesos.
Asimismo, Servini de Cubría sobreseyó a otras cinco personas
en la causa.
El 22 de febrero de 2006 la pensionada denunció la quita que
se le hacía desde enero de 2005 para una supuesta "cooperativa de
vivienda, crédito y consumo" con el código "325-011".
De la Fuente explicó a Télam que "el fallo resolutorio
fue del viernes pasado" y que si bien a ella la cooperativa le devolvió el
dinero "porque mi caso tomó estado público, no pasó lo mismo con las otras
77.000 personas".
En este marco, precisó que "el hecho de que me hayan
devuelto el dinero no quiere decir que no se haya consumado el delito".
Por su parte, Julio Garialde, presidente de la cooperativa y
procesado en la causa, aseguró a Télam que "todo empieza en el 2005 con
una denuncia de una jubilada que le habíamos descontado mal, había habido un
error y por eso le devolvimos la plata, entonces ahí se inicia la etapa
investigativa y entregamos los registros de los 77.000 socios".
"Nosotros brindábamos a muchos pueblos rurales y
marginales los servicios de ambulancia y de sepelio, y cobrábamos 2.10 pesos al
titular y 1.70 a los familiares, sin embargo decían que no dábamos ningún
servicio", precisó.
Añadió que "con esto nos retiraron el código de
descuento y dejaron sin cobertura a toda esa gente" y admitió que las
personas que fueron procesadas, además de él, trabajan en esa cooperativa,
salvo una de ellas que ya no está más