Argentina: una década ganada

La Argentina, que ha sufrido varias décadas perdidas a lo largo de su historia, transita desde el 2003 en adelante lo que podemos llamar una "década ganada". Se trata de una década ganada no sólo porque se ha logrado el período más intenso de crecimiento de la historia económica argentina sino, fundamentalmente, porque este proceso de crecimiento ha venido acompañado por una mejora sustantiva en todos los indicadores relacionados con la distribución del ingreso y la inclusión social.

El eje central del cambio estructural y cualitativo que se verificó en los últimos años en la Argentina consiste en haber reorientado la lógica de funcionamiento de la economía hacia la producción y el empleo. Fue a partir de la recuperación de la capacidad productiva nacional que la economía argentina logró restablecer los equilibrios macroeconómicos fundamentales para garantizar un proceso de crecimiento sustentable.

A partir del crecimiento del empleo y del salario, de la inversión pública, de las políticas de redistribución y transferencia de ingresos hacia los sectores de menores recursos se afianzó un mercado interno sólido y pujante, soporte fundamental a partir del cual la Argentina ha podido atravesar sin costos significativos la crisis global más importante desde la Gran Depresión de los años 30. Así, la combinación de un proceso de crecimiento sustentado en fuentes endógenas -con niveles récord de inversión- que a su vez hizo viable la reindustrialización, por un lado, y la estrategia de desendeudamiento público, por otro, le otorgan a la economía argentina enorme fortaleza frente a la crisis financiera y el bajo dinamismo que caracteriza a los países desarrollados.

Es importante aclarar el diagnóstico respecto a los fundamentos que nos han permitido crecer porque existe una explicación simplista, muy difundida en los análisis convencionales, que atribuye los resultados hasta aquí obtenidos a lo que ha dado en llamarse el "viento de cola", es decir, a la evolución favorable de los precios de las materias primas y la existencia de enormes flujos financieros de corto plazo. Cabe destacar que si bien nuestro país se ha beneficiado del alza de los precios de los productos agropecuarios, cuando se referencia a lo ocurrido con las otras materias primas se advierte que su evolución ha estado sensiblemente por debajo de las cotizaciones de los metales o la energía y, sin embargo, la Argentina ha logrado tasas de crecimiento sostenidas muy por encima del promedio de la región. La clave de ese crecimiento ha sido la demanda doméstica. La Argentina ha tenido políticas que no supusieron aceptar pasivamente estos efectos de "cola" de los buenos términos del intercambio o la afluencia de capital financiero barato deseoso de valorizarse en las economías emergentes, con sus consabidos efectos en términos de apreciación cambiaria, primarización productiva, creciente endeudamiento público y privado y creación de burbujas especulativas y de consumo. A contrapelo de la inercia de las "buenas condiciones internacionales" y la estructura de precios relativos generada por la fuerte devaluación de la crisis de 2001-2002, que alentaba un proceso de crecimiento basado en la competitividad exportadora a partir de bajos salarios, la decisión del gobierno argentino fue plantear un modelo de acumulación interna cuyo eje principal fue precisamente la recuperación del salario y el empleo.

Con la misma lógica, en 2005 la Argentina fue uno de los países pioneros en establecer regulaciones macroprudenciales en su cuenta capital para evitar los ingresos financieros de corto plazo, cuando la teoría convencional y la disponibilidad de liquidez internacional indicaban aprovechar el "buen clima" financiero y endeudarse. Desde el arranque también, la Argentina planteó una política de flotación administrada del tipo de cambio que apuntó a inhibir la apreciación nominal de su moneda y morigerar el impacto de las condiciones de la liquidez internacional sobre la cotización del peso. En paralelo, se fijaron retenciones para estimular la producción interna de bienes industriales y, al mismo tiempo, evitar el impacto pleno de las mejoras en los precios internacionales.

En el mismo sentido, el proceso de desendeudamiento, que comenzó con la renegociación de la deuda en default, constituye otro aspecto vital de la sustentabilidad externa de la economía. Si se toma la porción de la deuda pública en manos privadas y denominada en moneda extranjera se advertirá que la misma representa hoy menos del 10% del PIB, cuando al inicio de este proceso superaba el 75%. En el sector privado se verifica una situación parecida. Si se resta lo que es crédito comercial y el crédito intraempresa, la deuda privada con el resto del mundo no llega al 4 % del PIB.

Estas son condiciones muy favorables que hablan de la solvencia de la Argentina. En este contexto y transcurridos 5 años del inicio de la crisis internacional, se adoptó un conjunto de medidas referidas al funcionamiento del mercado cambiario, con el objetivo de garantizar hacia adelante la sustentabilidad del proceso de acumulación. Se trata de medidas que complementan la regulación macroprudencial de la cuenta capital, en este caso, destinadas a regular la adquisición de dólares para atesoramiento, es decir, para abordar la cuestión de la fuga de capitales generada por los propios argentinos.

Para analizar esta decisión es imprescindible prestar atención al escenario en su conjunto e interpretar lo que ha significado la fuga de capitales para la Argentina. Este proceso ha representado en los últimos 15 años un drenaje de recursos equivalente al 3% del PBI por año. Durante el 2011 este porcentaje aumentó hasta el equivalente a 4,2 % del PBI. Son fondos que se sustraen del proceso de acumulación para quedar atesorados en la forma de dólares billetes en manos de particulares.

Desde el punto de vista del proceso macroeconómico es esencial garantizar los dólares necesarios para sostener el proceso de crecimiento. Para ello resultaba fundamental plantear una política respecto a los flujos de los propios argentinos, evitando los impactos negativos y la volatilidad histórica que estas transferencias de activos han provocado.

Con la misma lógica se tomaron otras decisiones relevantes para ampliar el margen de maniobra de la política económica. Una de ellas fue la determinación histórica de recuperar el manejo estratégico del petróleo, de la energía, a través de la nacionalización de una parte importante de YPF. También lo fue la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, a partir de la cual se recupera un conjunto de herramientas esenciales para el desarrollo. Así lo demuestran las experiencias exitosas de los países industrializados, tanto de aquellos que hoy constituyen las potencias industriales maduras como las de otras economías que lograron dar el salto cualitativo de sus capacidades industriales durante la segunda mitad del siglo XX. Con la reforma de la Carta Orgánica se han puesto en discusión cuestiones que han estado en la génesis de los bancos centrales, como son la recreación del canal del crédito doméstico y la capacidad de financiar al Estado Nacional, para garantizar el proceso de industrialización y las políticas de ingresos necesarias para seguir mejorando los indicadores sociales.

Así, nos hemos permitido poner en discusión cuál es el rol el Banco Central en un país que aspira al desarrollo para salir de la visión estrecha del mandato único, vinculada a la estabilidad monetaria como si ésta fuera posible con independencia de lo que sucede con la economía en su conjunto. No es que al Banco Central ya no le preocupe la estabilidad monetaria sino que se requiere un esfuerzo adicional para reconciliar este objetivo con la estabilidad financiera y con lo que ocurre en la economía real, esto es, con la inversión, el empleo y el crecimiento. En una economía en desarrollo la única forma de garantizar la estabilidad monetaria y financiera es avanzar en el proceso de transformación productiva, en la recreación del mercado interno y en la remoción de las condiciones estructurales que históricamente nos han llevado a crisis del sector externo, fuente principal de los procesos de aceleración inflacionaria y de inestabilidad financiera sufridas por nuestro país en el pasado.

A partir del 2003 hemos sentado las bases teóricas y materiales para reconstruir los instrumentos y las atribuciones del Estado para avanzar en lo que creemos que constituye su tarea impostergable: ser partícipe fundamental en el desafío del desarrollo y la equidad.


Por Mercedes Marcó del Pont
Presidenta del Banco Central de la República Argentina

Este artículo fue publicado en el Newsletter de la Embajada Argentina en Washington