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Expropiación de YPF

La Eurocámara pide usar 'todas las medidas necesarias' para salvaguardar los intereses de la UE en Argentina

La Eurocámara pide usar "todas las medidas necesarias" para salvaguardar los intereses de la UE en Argentina

Por Carol Pérez San Gregorio | Bruselas
viernes 20 de abril de 2012, 14:28h
El pleno del Parlamento Europeo aprobó este viernes una resolución para denunciar la expropiación de YPF-Repsol decretada por la presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, en la que los eurodiputados urgen a la Comisión Europea y a los ministros de la UE a "explorar y adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses europeos" en ese país.
La resolución también pide al Ejecutivo comunitario que estudie suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede unilateralmente a los productos importados de Argentina y que, según datos de la Comisión Europea, son equivalentes a unos 2.400 millones de euros anuales.

Asimismo, el texto pide -en línea con las demandas del Gobierno español- que se pongan en marcha los instrumentos disponibles en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en el G-20 para resolver este tipo de situaciones.

A pesar de que la Eurocámara "deplora" la decisión adoptada por el Gobierno argentino y la critica por su carácter "unilateral y arbitrario, que representa un ataque en el ejercicio de la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica", no cierra la puerta a una solución dialogada.

La resolución pide, en concreto, al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y a la Alta Representante de Política Exterior, Catherine Ashton, que "hagan todos los esfuerzos posibles con las autoridades argentinas para defender los intereses comunitarios y salvaguardar el principio de seguridad jurídica que garantice la presencia y las inversiones europeas en ese país sudamericano, volviendo al diálogo".

El Parlamento Europeo expresa su preocupación por una situación que "representa un incumplimiento de las obligaciones de los acuerdos internacionales" por parte de Argentina y advierte "de los efectos negativos" que puede tener y "las consecuencias adversas para Argentina en el seno de la comunidad internacional".

Entre esas consecuencias, el texto menciona que puede "entorpecer el clima de comprensión y amistad necesario" para alcanzar un acuerdo en las negociaciones abiertas entre la UE y los países de Mercosur -de los que forma parte Argentina- para alcanzar un Acuerdo de Asociación, con el objetivo de introducir entre ambas partes un marco de integración económica y de diálogo político.


Los eurodiputados respaldaron la resolución por 458 votos a favor, 71 votos en contra y 16 abstenciones. Tanto el Grupo de los Verdes como el de la Izquierda Unitaria Europea se opusieron al texto, como habían anunciado durante el debate el pasado miércoles, mientras que   parte del grupo socialista se pronunció en contra de la retirada a Argentina de las preferencias arancelarias que actualmente le concede la UE. Por su parte, los eurodiputados socialistas españoles celebraron lla aprobación de la resolución sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el exterior y   subrayaron la importancia de la  solución del conflicto" a través del diálogo y la negociación", como se recogen en el texto aprobado hoy, ya que "es la mejor manera para solventar las discrepancias y los problemas que se han producido en los últimos días". El pasado 16 de abril, el gobierno de Argentina anunció su decisión de remitir al Congreso un proyecto de ley para convalidar la expropiación del 51% de las acciones de la sociedad mercantil de hidrocarburos YPF, participada en su mayor parte por la empresa energética española Repsol.  Este anuncio vino acompañado de forma inmediata por la toma de control de las principales oficinas de la empresa por parte de las autoridades del gobierno argentino, que desalojaron al personal de la empresa de sus oficinas.

 La resolución recuerda que, en los últimos meses, esta empresa ha sido objeto de una campaña pública de acoso que, junto a numerosas decisiones adoptadas por las autoridades administrativas, ha redundado en la pérdida de su valor bursátil, con el consiguiente perjuicio para sus accionistas y las empresas asociadas a la misma
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