La soberanía impostada

                La impostura nacionalista es uno de los recursos más repetidos, pero a la vez más eficaces, que los gobiernos suelen utilizar cuando la situación general está al borde del desmadre. Por razones diversas, la identificación "nacional" es uno de los últimos reflejos de pertenencia que le quedan a las personas, ante la dilución de la mayoría de las antiguas instituciones de contención del mundo moderno.

 

                Frente a ellas, cualquier razonamiento diferente ofrece una descalificación fácil. Traidor, antinacional, entreguista, cipayo, antipopular...es la inmediata simplificación que presume contar, de inicio, con un grupo importante de ciudadanos predispuestos a sentirse integrantes de una Gran Cruzada por los valores permanentes de la "nacionalidad".

 

                Como lo fue en su momento la Guerra de Malvinas, la iniciativa de estatización de YPF cae en esta categoría. Uno a uno los argumentos que avalan la posición oficial son desmentidos por los hechos. Una mentira sobre otra pueden desgranarse hasta demostrar la absoluta falsedad de la argumentación presidencial. Nada conmoverá, sin embargo, a un propósito que no está fundado en la razón, sino en la huida de la propia responsabilidad, ocultada tras el "manto de neblina" del nacionalismo primitivo. En aquel momento, "hubo uno que no fue". Se animó porque era honesto. Hoy su ausencia se nota.

 

                El petróleo ya es propiedad pública. Lo dicen todas las leyes que el país ha tenido sobre el tema, desde el descubrimiento del primer yacimiento hace más de un siglo, y lo dice la Constitución Nacional. Ha sido el Estado -nacional, provinciales- los que han concedido la explotación de las áreas, algunas de las que luego "recuperaron". Es falaz la afirmación presidencial que la iniciativa lo "recupera". La iniciativa viola la Constitución, la ley y varios contratos. No recupera nada, sino que se apropia indebidamente de lo ajeno.

 

                Los argumentos con que se despoja a sus dueños de una empresa privada -que ya no es la gloriosa YPF de Yrigoyen y Alvear, sino apenas una sigla vacía de contenido y de su esencia pública- son los mismos que podrían repetirse para estatizar Shell, ESSO o la petrolera de los Bulgheroni.

 

                La falta de energía ninguna relación tiene con la medida adoptada, que agravará el problema. Si no había inversión, la habrá menos, entre otras cosas porque los privados se alejarán rápidamente, y los fondos públicos tendrán un lastre extra, que será el de abonar las indemnizaciones.

 

                El país seguramente será sometido a una tensión judicial nueva, con novedosos reclamos nacionales e internacionales, y posiblemente también a represalias expresas y ocultas. Mientras el mundo construye el entramado legal de la globalización, la Argentina elige el aislamiento.

 

                La apropiación de la empresa violando la norma constitucional de la previa indemnización aísla más al país del mundo y de las instancias multilaterales. La irrupción en el edificio de la empresa, desalojando en forma patoteril a sus conducciones legales nos retrotrae a la Argentina anterior a la Constitución, la de las luchas civiles que terminaban con la confiscación de bienes.

 

                La argumentación indemnizatoria pasa por encima de las disposiciones de la Constitución Nacional y de las leyes. Y la recurrencia en la argumentación oficial a la "recuperación de la soberanía" con esta medida no puede borrar, en todo caso, que fue el mismo partido hoy en el poder -y en muchos casos, los mismos personajes- los que armaron una cadena de entrega que terminó en la realidad que vivimos, en la que debemos importar combustible por la supina incapacidad de gestión y la desbordante corrupción de los gobiernos justicialistas de los 90 y del actual.

 

                Pero el nacionalismo, como el revoque, tapa todo. Los jubilados y pensionados pagarán con la licuación de sus recursos las ocurrencias presidenciales, como ayer lo hicieron con el Fútbol para Todos, y el gigantesco déficit de Aerolíneas Argentinas, reservorio de negociados y mega-sueldos para jóvenes hambrientos de riqueza fácil y escrúpulos escasos.

 

                Una buena noticia en todo el dislate -a esta altura, secundaria- es que, volviendo los pasos sobre el anteproyecto trascendido la semana pasada, no se expropiarán las acciones propias, vale decir, las del grupo Esquenazi y "socios ocultos". Al menos en esto se disimulará -tal vez por un tiempo-. Era ya demasiado escándalo, lograr el récord del mayor negociado de la historia nacional.

 

                Por lo demás, nuestro país se está comportando como bandolero. En un momento en que un país amigo que supo ayudarnos desinteresadamente en momentos dramáticos se encuentra en uno de sus más difíciles momentos históricos, nuestro gobierno en lugar de tender una mano no vacila en darle un empujón que lo acerque más al abismo. Estas cosas, en la historia de las naciones, se recuerdan por décadas. Será otro pasivo, de los tantos que heredarán los que alguna vez vengan, que legará el kirchnerismo a la historia moderna del país.

 

                Quien esto escribe supo militar en política, disputar espacios de representación y se alegra hoy de no hacerlo, ejerciendo plena -y libremente- de simple ciudadano, sin sentirse expuesto al primitivismo argumental del escenario. Tiene alguna pequeña esperanza de que la oposición -y los oficialistas con vocación nacional auténtica- frenen el dislate. El rápido alineamiento de algún candidato presidencial opositor marcha en sentido contrario y no permite mayor expectativa. El debate en un partido histórico, resistiendo la vocinglería de la soberanía impostada y reafirmando su vocación nacional democrática y republicana, abre una ventana al futuro.

 

                Sólo queda pensar en la última frase de Belgrano: ¡Ay, Patria mía!