Violando
todas las normas de seguridad jurídica, de equidad y de prudencia en las
relaciones internacionales, la presidenta argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, ha propinado un sonoro bofetón no solamente a una gran empresa
española, Repsol, sino también al Gobierno de España y, de paso, a todos los
españoles. La nacionalización 'por las bravas' de YPF es un acto arbitrario y
prepotente que merece una respuesta contundente por parte del Ejecutivo de
Mariano Rajoy.
Ciertamente,
la decisión de Cristina Fernández,
mintiendo incluso acerca de una parte de los
motivos que le han llevado a actuar como lo ha hecho, es un acto inamistoso
hacia un país amigo y un reto a un Gobierno del que ha recibido serias
advertencias. España debe hacer respetar sus derechos, aun a costa de
distanciarse de una nación hermana -bueno, en realidad el distanciamiento es de
un régimen autocrático con ribetes impresentables, por mucho que se cimente en
los votos-y por mucho dolor que a los españoles nos produzca cualquier fricción
con un pueblo al que tantos lazos históricos nos unen.
Esa
respuesta tiene que ser graduada, equivalente al daño que a la economía
española se produce y no una 'vendetta' prepotente. Cristina Fernández cree que
puede aprovechar lo que ella cree que es un momento de debilidad de España con
un acto de populismo -que no de soberanía-que bien podría definirse como
piratería internacional. Ella sabrá si puede robar a los 'pobres' españoles
para vender el producto a los 'ricos' chinos. Pero España tiene que mostrar que
esa debilidad es solo aparente: hay muchas cosas que se pueden hacer, entre
ellas buscar la condena internacional contra el desmán y contraatacar con
medidas económicas (y políticas) que lleven a la peculiar presidenta argentina
a buscar la vía de la rectificación
Si (
No(
