Ordenan la excarcelación del gremialista Zanola

El juez federal Norberto Oyarbide fijó este jueves por la tarde una caución real de 700 mil pesos al procesado ex titular de la obras social bancaria Juan José Zanola, para dejarlo en libertad de acuerdo a la orden que recibió esta mañana de la Cámara Federal porteña.


Igual monto fijó para que recupere la libertad el también procesado Néstor Lorenzo, titular de la droguería San Javier, y de 300 mil pesos a la mujer de Zanola y ex administradora del Policlínico Bancario, Paula Avallay, y a su colaboradora Susana Fionna

La Cámara Federal porteña ordenó excarcelar al titular del sindicato bancario, Juan José Zanola, en la causa en la que está procesado como jefe de una asociación ilícita que cometió distintos fraudes con medicamentos de alta complejidad, con lo cual tanto él como otros acusados llegarán libres al juicio oral.


La decisión del tribunal de apelaciones abarcó además a su esposa, Paula Aballay, a la ex administradora de la obra social bancaria, Susana Fionna, y al titular de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, según las resoluciones a las que accedió Télam.

El tribunal de apelaciones volvió en sus resoluciones a criticar la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, al entender que las demoras del caso se deben a "deficiencias" investigativas atribuidas a su responsabilidad y no a la complejidad de los delitos, por lo cual no se justifica mantener detenidos a los acusados.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron al juez Oyarbide, a cargo de la causa por la "mafia de los medicamentos", que fije para todos una "caución real", es decir una fianza monetaria, antes de ordenar sus liberaciones.

De esta forma todos llegarán libres al futuro juicio oral por el caso, aunque todavía Oyarbide continúa con la instrucción abierta sin enviar el caso a un tribunal, a dos años de las detenciones de Zanola y todos los excarcelados por la Cámara Federal.

El tribunal de apelaciones no avaló la prórroga de las detenciones por un año más que había dictado Oyarbide para los detenidos en noviembre pasado, al cumplirse dos años, el plazo máximo que establece la ley para mantener prisiones preventivas sin condena.

El juez de instrucción había aludido a peligro de fuga, de entorpecimiento de la causa, supuestas amenazas a testigos por parte de Zanola y su entorno, pero la Cámara desechó estos argumentos.

"Sin desconocer la gravedad de las imputaciones que enfrenta Zanola, es preciso adoptar una decisión que compatibilice la necesidad de asegurar la sujeción futura del nombrado al proceso en vistas a una efectiva aplicación de la ley penal", consideraron los camaristas.

Para el tribunal, los argumentos para mantener las detenciones "apuntan en dirección a la actividad procesal pasada" y advirtió que las "demoras" surgieron por la "deficiente técnica investigativa seguida" en el caso y no por "la propia naturaleza de los hechos investigados".

Oyarbide habría incurrido, según sus superiores, en "una desmedida preocupación por abarcar un sinfín de eventos no necesariamente conexos ni contemporáneos", lo cual "llevó a una inevitable falta de profundización de aquellos otros aspectos que, en lo que aquí respecta, merecían prioritaria atención".

Y recordó que "en múltiples oportunidades se indicaron aquellas medidas concretas que con celeridad correspondería realizar"."Las referencias efectuadas en orden al estado y actividad procesal a la fecha no habilitan ya la prórroga de la preventiva", continuaron los jueces.

Para prorrogar la detención con prisión preventiva más allá de los dos años "no sólo debe verificarse la concurrencia de riesgos procesales sino que también debe demostrarse por qué, en una investigación en la que la detención ya ha superado el plazo aludido su continuidad es inevitable para garantizar su finalidad".

Zanola fue detenido el 30 de noviembre de 2009 y Oyarbide lo procesó como supuesto jefe de una "asociación ilícita" que integrarían su mujer, empleados de la obra social bancaria y droguerías, dedicada a estafar con medicamentos de alta complejidad.

Entre las maniobras detectadas está la provisión de remedios para el cáncer adulterados y vencidos; y defraudación al Estado con cobro de reintegros por medicamentos nunca suministrados a los pacientes y que se justificaban con troqueles falsos.

En cuanto a Lorenzo, se lo procesó como titular de otra "asociación ilícita" que operaba desde su droguería San Javier en el suministro de remedios adulterados a obras sociales sindicales