La procuradora socialista Victorina Alonso pide al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que suprima la Consejería de la “nada en Justicia, nada en Interior y casi nada en Consumo”, pues con “el dinero que recibe este consejero y sus múltiples asesores se podrían atender las necesidades de los castellanos y leoneses en materia de consumo”.
Victorina Alonso defiende la puesta en marcha de 16 medidas dirigidas a mejorar la situación de los consumidores y usuarios de Castilla y León, entre las que se encuentran actuaciones que "a día de hoy son claros incumplimientos de compromisos electorales del PP" como la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que a pesar de que data de 1998 “aún no se ha remitido a las Cortes ningún Proyecto de Ley de modificación para adaptarla al actual marco normativo nacional y europeo” el programa de Acción para la Defensa de los Derechos de los consumidores y Usuarios, 2011-1012, “que no se ha puesto en marcha y el Estatuto del Consumidor, que tampoco se ha aprobado.”
Asimismo Alonso denuncia que la Junta no ha potenciado el Consejo Castellano y Leones de Consumidores y Usuarios, ni el Sistema Arbitral de Consumo ni las Juntas Arbitrales de Trasporte. “Estamos hablando del incumplimiento de medidas para atender necesidades compartidas por los consumidores, los empresarios e incluso por el PP, que así lo hace constar en su programa electoral”, reiteró la representante socialista.
Entre las propuestas socialistas se encuentra la creación dentro de la Agencia de Protección Civil y Consumo de una Unidad Específica (Sección de Normativas y Procedimientos), para que unifique criterios de actuación y apoye y colabore en el desarrollo normativo, porque tal y como explica Alonso,” las normas en materia de consumo cambian con frecuencia y es necesaria su actualización" por lo que califica esta propuesta de “muy necesaria y novedosa.”
Otras propuestas socialistas instan a la Junta a que forme e informe a los ciudadanos y a que trabaje con los Centros Escolares “porque dar formación e informar es poner en manos de los consumidores y usuarios las armas necesarias para que sean consumidores responsables, para que conozcan la forma de reclamar cuando han sido estafados, y para que sepan que esas reclamaciones si se realizan por los cauces adecuados, contribuyen a mejorar la calidad de los servicios y las relaciones entre los consumidores y las empresas.”
Para la representante socialista se trata de propuestas que contribuyen a que la convivencia social sea más respetuosa y armónica. ”Y una de las formas más modernas y eficaces para mejorar la formación y dar información es la página Web” continúa Alonso para quien la página de la Junta “tiene escasos contenidos, está sin actualizar, es poco clara, poco accesible y pone de manifiesto el escaso trabajo que ha realizado la Consejería de Interior y Justicia en materia de Consumo a pesar de que carece de competencias en Justicia y en Interior".
“Si alguien trabaja con denuedo en esta comunidad autónoma son las Asociaciones de Consumidores” asevera Alonso al poner de manifiesto que “son las que “están llevando a cabo con gran esfuerzo y escasos medios el peso de la formación y de la información de los ciudadanos en materia de consumo”. Por eso el PSOE también pide a la Junta que apoye mediante convenios estables a las Asociaciones de Consumidores porque aunque la ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios así lo establece, y es otros de los compromisos electorales del Partido Popular, “el apoyo a las Asociaciones, el mantenimiento de sus sedes y el estimulo de las actividades que realizan, no cuenta en estos momentos con la necesaria implicación de la Junta”
Frente a la política de la Junta, Victorina Alonso pone de manifiesto los compromisos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de consumo, explicados hace pocos días por la Ministra de Sanidad Leire Pajín en el Congreso como son el Real Decreto sobre emisiones de CO2 en los vehículos, otro real decreto sobre el etiquetado en Braille de los productos, “de manera que las personas con discapacidad visual puedan ser más autónomas en sus compras y en su vida diaria”, y la ley sobre servicios de atención al cliente, “que establecería los requisitos mínimos que deben tener estos servicios para proteger los derechos de los consumidores y usuarios: tiempo máximo de espera al teléfono, asignación de un número a cada expediente, gratuidad de las llamadas, tiempo límite de espera para resolución de problemas, etcétera”.
La procuradora socialista concluye señalando que “ mientras el Gobierno de la nación, al igual que la mayoría de las Comunidades Autónomas está trabajando para dotar de más y mejores medios a los consumidores y Usuarios, la Junta se conforma y hasta quiere presumir de una página Web de poca calidad y de una política basada en la escasa ayuda a las Asociaciones de consumidores , en la inexistencia de recursos telemáticos “necesarios para que los Consumidores del mundo rural puedan ejercer sus derechos” y en el escaso e irregular compromiso con los Centros Educativos “para enseñar a los niños y niñas a ser consumidores responsables.”
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