El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que "quizá haya sido un error" que no se tramitase desde un principio el decreto-ley de reordenación del sector público andaluz como proyecto de ley, "cosa que vamos a hacer ahora".
Durante su participación en un encuentro con colectivos y profesionales del ámbito de la universidad y de la cultura, donde ha respondido distintas preguntas que los asistentes le han formulado, Griñán ha insistido en que "quizá sea un error, pero es un error explicable por dos razones".
Así, ha explicado que en aquel momento el diálogo era "imposible" porque estaba convocada una huelga general y que, en segundo lugar, estaba la "urgencia" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que obliga a hacer antes de una fecha determinada la reestructuración del sector público en relación a la reducción de entidades y empresas públicas.
"Ahora tenemos la oportunidad de hacer ese diálogo político y profesional, si también se quiere, para llevar a cabo la reestructuración", ha apuntado el presidente de la Junta, quien ha destacado que han podido haber dificultades de interlocución, pero que en la actualidad se va "en la buena dirección".
Al hilo de ello, ha señalado que quizá él sea el funcionario de grupo A más antiguo que tiene la Junta de Andalucía, con 13 trienios, por lo que sabe "qué es ser funcionario". "Al funcionario lo respeto en la medida en que he confiado la educación de mis hijos a funcionarios, la sanidad y la salud de mi familia a los funcionarios, y la atención de mis mayores a los funcionarios", ha añadido.
Griñán, que ha dicho creer "profundamente" en los empleados públicos, ha lamentado el hecho de que se hagan afirmaciones que "no figuran en ningún lado. Y es que, según ha apuntado, es incierto que se pretenda hacer funcionario público a una personas sin pasar pruebas o que no se respete el convenio colectivo. "Me he leído el decreto mil veces y eso no lo he visto", ha apostillado.
Finalmente, ha destacado que lo que se pretende con la reestructuración del sector público andaluz es hacer una administración "más ágil y al servicio de los ciudadanos". En este sentido, ha lamentado que muchas veces en este debate se olvide para qué se hacen este tipo de reformas: "para mejorar los servicios públicos a los ciudadanos".
CONTINUAN LAS PROTESTAS
Entretanto, miles de empleados públicos, según fuentes sindicales unas 30.500 personas, se han manifestado este sábado por las calles de las capitales andaluzas para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, en una movilización convocada por la Plataforma Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y apoyada por los sindicatos CSIF, Ustea y USO.
Según informan a Europa Press fuentes sindicales, los actos han transcurrido sin incidencias y con "un éxito rotundo a pesar de la lluvia, que no ha sido un impedimento para que todos los empleados públicos se lancen a la calle". Así, estas manifestaciones han tenido lugar en todas las capitales andaluzas, excepto Córdoba, donde se celebró el pasado jueves "con una presencia multitudinaria de empleados públicos, más de 5.000", indicaron las mismas fuentes.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la portavoz de la plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, Auxiliadora Onorato, ha reivindicado no sólo la derogación del decreto ley, sino también ha denunciado que "se está vaciando de competencias las administraciones públicas".
En este sentido, ha criticado que las funciones de la Administración Pública se están llevando a entes donde "a priori" el marco de regulación se rige por el derecho privado, lo que supone, a su juicio, un "problema" a la hora de desempeñar las funciones de los empleados públicos.
Al hilo, ha señalado que las funciones públicas tienen que estar desempeñadas con unas garantías con el fin de que prevalezca en el ámbito de la administración "la objetividad, el acceso a los servicios públicos con condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, el control del dinero público, la transparencia y la independencia".
Asimismo, ha recalcado que lo que pretenden con estas movilizaciones es negarse a trabajar en unas condiciones en las que "no se garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos con igualdad y objetividad, ni los empleados públicos pueden desarrollar sus funciones con independencia".
En concreto, en el caso de Sevilla unos 6.000 empleados se han manifestado entre la Plaza Nueva y el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía; en Málaga, unos 4.000, desde el edificio de servicios múltiples a la Delegación del Gobierno, en la Alameda; en Almería, unos 2.000 desde Puerta Purchena hasta la plaza Circular; y en Cádiz unos 1.500 funcionarios se han manifestado desde la Plaza de España a la Plaza de la Constitución.
En Granada, la manifestación, que ha salido desde la plaza Isabel la Católica hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha contado con unas 5.000 personas; en Huelva se han movilizado más de 2.000 empleados públicos, según las fuentes sindicales, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en la Plaza 12 de Octubre hasta la plaza de las Monjas; y en Jaén, unos 5.000, desde la puerta de la Diputación hasta el parque de la Victoria.
"VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES"
En su manifiesto conjunto, estos colectivos lamentan que la Junta "vulnera los más elementales derechos fundamentales, quebrantando entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública" y tras reiterar que este decreto ley supone la "privatización" de la Junta, aseguran que no están dispuestos a "dejar en manos privadas el patrimonio de todos los andaluces".
"Seguimos denunciando ante la opinión pública esa imposición 'a hurtadillas' cuyo único efecto positivo es el blanqueo de sus empresas públicas a costa de los derechos de los empleados públicos, opositores y ciudadanos receptores de los servicios públicos", se lamentaron en su manifiesto conjunto.
El manifiesto está consensuado por CSIF-A, Ustea, SAT, las asociaciones y plataformas 'Plataforma del Agua de Sevilla', 'Asociación de Opositores y Nuevos Funcionarios de la Junta de Andalucía', 'Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía', 'Asociación en Defensa del Servicio Público', 'El Tercer Lado', 'Plataforma de Torretriana' y 'Plataforma de Igualdad', entre otros.
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