La supresión de la célula de habitabilidad en la obra nueva, o de trámites en los traslados de farmacia, el transporte de residuos peligrosos o los alojamientos hosteleros son otras de las 23 medidas que se aplicarán en una primera fase del Plan de Reducción de Cargas Administrativas del Gobierno de Cantabria.
Este documento, consensuado con los agentes sociales, ha sido aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, y junto a la modificación de la Ley de Función Pública, cuyo anteproyecto de ley se presentará el miércoles, son las bases en las que confía el consejero de Presidencia y Justicia para lograr una administración más moderna, eficaz y eficiente.
El plan será remitido al Parlamento de Cantabria el viernes, con la intención de que, aunque no es obligatorio, los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones y se puede aprobar en un plazo de tres meses.
En total, cuando se implante definitivamente, en el año 2012, se logrará la reducción en un 30 por ciento de la burocracia que soportan ciudadanos y empresas, lo que se traducirá en un ahorro de 180 millones de euros para el tejido productivo cántabro.
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, Vicente Mediavilla, y el presidente de Ceoe-Cepyme, Miguel Mirones, coincidieron en señalar que esta medida contribuirá a "reinventar" la Administración y su relación con los ciudadanos.
Mediavilla explicó que se persigue lograr una Administración pública "del siglo XXI" y marcar "el futuro" de lo que será esta administración. El presidente de la patronal cántabra, Miguel Mirones, agradeció que este departamento haya "bajado un peldaño" y atendiera las peticiones de los empresarios.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, elogió esta "ambiciosa" iniciativa, por su ahorro económico y por la reducción de burocracia. Su homólogo en Torrelavega, Antonio Rincón, subrayó que contribuirá a una "mejora sustancial de la competitividad" de PYMES.
Desde los sindicatos, la secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, Amelia Salcedo, felicitó esta medida y abogó por la coordinación de todas las Administraciones para reducir la burocracia. "A más burocracia, menos competitividad", resumió.
Y el responsable de Organización de UGT, Alfonso Gil, incidió en que los costes que se ahorren deben "revertir" en la mejora de la productividad, el empleo y la competitividad de la empresa.
Plan de reducción de cargas
Para elaborar el plan, se identificaron 560 procedimientos administrativos a los que se tiene que hacer frente en las relaciones con la Administración. De ellos, se detectaron 305 con un mayor peso específico en la relación con el ciudadano y de estos, 160 que se correspondían con la Administración autonómica, más del 52 por ciento.
El resto le corresponden al Estado, que trabaja en un Plan Nacional para la Reducción de Cargas al que Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma española en adherirse.
El Plan de Reducción detalla los 196 procedimientos sobre los que se actuará a través de una o varias de las cuatro herramientas específicas que fija el documento: mejoras legislativas, eliminación o simplificación administrativa, coordinación entre administraciones e introducción de mejoras tecnológicas.
Antes de su aprobación definitiva, se ha tenido en cuenta la experiencia piloto desarrollada en el sector del juego, que afronta una "ingente cantidad" de procedimientos administrativos (4.245), y que se han conseguido reducir en un 94,92%.
Para ello se contó con la colaboración de la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras (ACEO), cuyos 80 socios cuentan con una plataforma tecnológica, ya plenamente operativa, que les permite teletramitar la práctica totalidad de los procedimientos administrativos que siguen ante la Administración autonómica.
Modificación de ley
El Consejo de Gobierno también aprobó este jueves la modificación de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del Gobierno de Cantabria, en cumplimiento de una Directiva Europea (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006) sobre los servicios en el mercado interior.
Esta modificación introduce una serie de principios generales de regulación y de mejoras. Así, se incluye la necesidad de que la elaboración de los proyectos de ley y disposiciones administrativas de carácter general aporten un informe sobre mejora de la regulación.
Este informe tendrá por objeto analizar el impacto normativo y justificar qué trámites se han reducido, qué procedimientos se han simplificado y, en el caso en el que la norma se dirija a la regulación de cualquier actividad económica, qué cargas administrativas se han reducido.
Además, entre otras novedades, establece que la autorización previa será un régimen excepcional, sustituyéndose en la mayoría de los casos por declaraciones responsables o comunicaciones previas, y fija el derecho de los ciudadanos a realizar la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia en los procedimientos relativos al acceso y ejercicio de actividades de servicio.
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