A pesar de las ofertas presidenciales de declarar al Ecuador un país libre de presos sin sentencia, persiste la lacra crónica en las cárceles: de 10 951 reclusos, solo 4 809 cuentan con una sentencia, de acuerdo con el fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo. Es decir, más de 6 000 presos se hallan sin sentencia en los 42 centros carcelarios del país.
El problema es bastante mayor si se cuenta a los presos que han salido en libertad por la caducidad de la prisión preventiva: desde octubre de 2007 hasta junio del año pasado, dejaron las cárceles por este recurso 2 595 personas.
El problema no se resuelve por una simple oferta política. De por medio se halla no solo la difícil situación carcelaria, que no encuentra un camino para conseguir la rehabilitación social, sino la práctica de la justicia, los lastres de su administración, el poco eficaz y ágil desempeño de jueces y tribunales y la falta de una consistente reforma integral del Código Penal y de Procedimiento Penal.
A pesar de indultos para los apresados por transporte de droga en cantidades menores de dos kilos, las rebajas de penas y la caducidad de la detención preventiva, las cárceles siguen como lugares de hacinamiento y espacios de reproducción del delito y de execrables violencias. No funciona la reinserción social del detenido.
El talón de Aquiles del sistema son la falta de una justicia ágil y las rémoras de corrupción. En el Guayas, ha dado un buen resultado el funcionamiento de tribunales de garantías penales que posibilitan un mayor número de audiencias y despacho de causas. Pero en todo el país hay graves carencias: por ejemplo, muchos detenidos no cuentan con abogado defensor y no hay suficientes defensores públicos.
Es necesario mejorar el sistema de administración de justicia, modernizarlo efectivamente. Todavía hay un largo camino por recorrer para superar el lastre de una población carcelaria, en la que seis de cada 10 reclusos no tienen sentencia.
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