Los problemas de institucionalización, reglas claras para el ejercicio del poder, su limitación, el fortalecimiento de los Estados de Derecho, las crisis de gobernabilidad, pobreza y desarrollo económico, han planteado a la democracia en América Latina muchos más retos e incertidumbres, que respuestas sólidas en las cuales confiar. Con la elección de varios presidentes vinculados a poderosos empresarios privados durante la década de los años noventa en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Panamá, México y la victoria del millonario Sebastián Piñera como presidente de Chile en 2010, es fundamental evaluar con cuidado si la presencia de los empresarios en el corazón del poder contribuyó a un desarrollo político más democrático en la región, o en por el contrario, desató mayores polarizaciones y conflictos que van socavando la legitimidad de las democracias.
Los empresarios en América Latina – estén o no ejerciendo el poder directamente – se benefician en sumo grado porque las políticas de economía de mercado y las estructuras de globalización en el contexto internacional, hicieron que estos actores económicos concentraran funciones políticas al difundir la ideología del crecimiento económico que es visto como el factor imprescindible para aliviar la pobreza.
Los empresarios que actúan desde la administración del Estado, generan procesos de reestructuración del Poder Ejecutivo con el propósito estratégico de conformar un bloque en el poder transformándose en una élite dirigente muy fuerte, la misma que también goza de un apoyo popular en los procesos electorales, enarbolando las banderas de la tolerancia pluralista y diseminando el discurso de integración socio-política entre las masas ciudadanas y las élites económicas; sin embargo, la alta concentración del ingreso en América Latina y la desigualdad de oportunidades, señalan que los empresarios no contribuyeron a reducir las polarizaciones y conflictos sociales en los momentos de crisis, regresando el choque entre la acumulación de riqueza en clases privilegiadas y los millones de pobres que destacan en el continente (182 millones para el año 2008).
Las élites empresariales dentro del poder se caracterizan por posicionar el discurso de la eficiencia en el manejo de la economía y la gestión estatal, al mismo tiempo que imponen sus intereses, normas y proyectos de configuración social, política y cultural cuya piedra angular es la combinación del modelo de mercado, la democracia instrumental tecnocrática y la modernización capitalista de los países.
El problema central radica en que los empresarios privilegian sus objetivos de enriquecimiento, cuando las estructuras institucionales de la democracia enaltecen los intereses colectivos y el fortalecimiento del sistema político donde cabe resaltar la igualdad, así como la participación de una gran mayoría en los beneficios materiales para reducir y erradicar la pobreza; los empresarios son escépticos o indiferentes al combate contra la pobreza porque sobre-determinan su posición de clase dominante con el fin de subordinar el Estado como estructura política al poder económico.
Las experiencias políticas en América Latina entre los años noventa y comienzos del siglo XXI, muestran que la democracia no mejora su desempeño de integración y apertura equitativa hacia la participación de otros actores sociales pobres, cuando los empresarios millonarios incrementan sus privilegios con la magnitud del poder político concentrado en sus manos.
En estos casos, la importancia de su poder económico hace que la administración de políticas se incline de manera desigual al fortalecimiento de los segmentos sociales más favorables al sistema de mercado, desatando conflictos socio-políticos por el control de recursos naturales, humanos y oportunidades para manejar el poder que destruye los valores democráticos de igualdad y fraternidad al centralizar los debates, únicamente en torno a lógicas oligárquicas que reproducen patrones autoritarios donde los más ricos, los mejor educados y los más destacados creen tener el derecho de estar por encima de otras clases sociales, calificadas como masas populares que deberían contentarse con poco.
Los gobiernos identificados con la izquierda jugaron un papel ambiguo en sus relaciones con el empresariado, sin lograr reducir su poder, aclarando que protegen la propiedad privada, fomentan la inversión extranjera y regulan la desigualdad con un rostro social en la prosecución del modelo neoliberal, por medio de políticas sociales que son administradas como instrumentos en busca de consenso y gobernabilidad del sistema político, aunque ni Ignacio Lula Da Silva en Brasil, Michele Bachelet en Chile o José Mujica en Uruguay pudieron atenuar la fuerza política de las élites empresariales, que mantienen un caudal de presión fundamental sobre el rumbo de las decisiones nacionales porque los ricos todavía definen el desarrollo global de la economía.
Las élites empresariales que acceden al poder se plantean objetivos de gobierno muy claros, como ser:
a) Cooptar la mayor parte de los llamados ministerios claves, lo cual les permite acceder a una articulación de intereses más eficaz al interior del sistema político por medio de la “representación de élite” en nombre de un grupo de interés: los empresarios privados. La representación de élite es una modalidad de protección de intereses mediante la cual, en lugar de usar las conexiones personales o los canales formales para lograr el acceso al sistema político que controla muchos privilegios, el grupo que tiene una representación de élite confía en la dynamicación directa y permanente de sus intereses a través de un miembro que participe en la estructura de decisión. Este tipo de representación se logra mediante la presencia en el Parlamento de senadores y diputados, o en el Poder Ejecutivo con varios ministros de Estado, los cuales fomentan el desarrollo de un grupo definido: los empresarios como élites para el ejercicio del poder político.
b) Especificación de metas en materia de modernización, desarrollo económico y social cuyo eje principal es la eficiencia en la administración de recursos económicos y humanos; esto se percibe sobre todo en las ideas que los empresarios poseen sobre la privatización ya que, según ellos, se debe hacer una clara diferenciación entre las funciones de administrar y de gobernar; las empresas públicas estarían sujetas a la manipulación política sin guiarse por criterios empresariales porque los administradores públicos no se preocupan por lograr resultados económicos positivos ya que saben que todo déficit será cubierto por el tesoro público; además, para el empresariado, hace falta un criterio de competitividad, un horizonte de planificación empresarial a largo plazo y, por lo tanto, la privatización sería de vital importancia pues implica el traspaso de las empresas estatales a manos privadas lo que, en su amplia concepción, establece una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil.
c) Coherencia y reforma institucional del Estado a través de reformas constitucionales para ampliar las condiciones de economía de mercado y el poder económico de las élites emprendedoras.
d) Reclutamiento sistemático del personal tecnoburocrático; se trata de un reclutamiento diferencial que privilegia a los funcionarios con el más alto nivel de educación, lo cual ahonda la diferenciación social, excluyéndose a la mayoría y desatando conflictos en torno a la segregación y discriminación.
e) Ajuste ideológico al emitir un discurso que pone énfasis en la equidad, las políticas sociales y protección del medio ambiente a través del desarrollo sostenible.
f) Intento de unificación de otros segmentos del empresariado por medio del acercamiento y aceptación de otras figuras, porque dentro del bloque en el poder se encuentran varias clases y fracciones presentes en el terreno de la dominación política que no pueden, sin embargo, asegurar esa dominación sino en la medida que estén políticamente aunadas.
Por estas razones, los políticos tradicionales en América Latina van perdiendo el monopolio de la actividad política puesto que en las estructuras de economía de mercado, hay un proceso de empresarialización para el manejo del poder. Los empresarios buscan elevarse como nuevos actores políticos, cuya cúpula parece entender que las condiciones democráticas imponen también una necesidad: la voluntad para dirigir los cambios en cuanto al desarrollo, la tecnología y las exigencias propias del siglo XXI, desechando por completo otros valores y utopías políticas como la posibilidad de liberar a los oprimidos.
Franco Gamboa Rocabado,
sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program y del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, [email protected]
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