El Estado de las autonomías ¿hay que mejorarlo?

El Estado de las autonomías ¿hay que mejorarlo?

Fernando Jáuregui

Ya sé que el que voy a proponer no va a ser este el ‘tema estrella’ del debate sobre el estado de la nación, porque los estímulos para el encontronazo son mucho más inmediatos: cuatro millones (y pico) de parados hacen que este vaya a ser el ‘debate de la crisis’. Me parece lógico. Lo que ocurre es que cada día surgen nuevos datos, nuevas coyunturas, que nos muestran que hay engranajes políticos en el conjunto del sistema que podrían funcionar mejor o que, simplemente, no funcionan.

Conste, en primer lugar, que no digo que el estado de las autonomías no funcione; pero sí pienso que podría hacerlo mucho más rítmica, ordenada e igualitariamente. Hay un desmadre legislativo que reclama urgentemente una mucho mejor coordinación entre las Comunidades Autónomas, sus gobiernos y sus parlamentos; y, ahora que estamos, ¿cumplen bien su función los parlamentos autonómicos? Algunos bochornos recientes ocurridos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid me llevan a la conclusión de que no.

El ejemplo del ‘sudoku’ de la financiación autonómica me parece lo suficientemente sintomático como para concluir que, en efecto, el estado autonómico precisa una reconducción, una racionalización que evite la diaria confrontación entre cada virrey -a veces es lo que parece que creen ser- y el Gobierno central. Duro trabajo para un Manuel Chaves que parece que llega con muy otras pretensiones.

Iría más lejos: probablemente el estado autonómico precise de una reforma constitucional que afecte al Título VIII de la Constitución, quizá en el sentido que propuso en su día -luego, nunca más se supo- el Partido Popular: reforzando ciertas competencias del Estado y delimitando mucho más claramente que hasta ahora cuáles son las competencias de las autonomías. Sería una de las reformas ‘de calado’ que deberían abordarse para poner al día nuestra ley fundamental; hay, desde luego, otras varias, desde el artículo que afecta a la sucesión en la Corona hasta el que sigue hablando de que el servicio militar es obligatorio. Pasando por el papel del Senado, etcétera.

Pero ningún grupo parlamentario quiere entrar en esos temas de fondo, que, sin embargo, lastran la calidad de nuestra democracia. Cierto es que tampoco parece existir una exigencia ciudadana para que cuestiones como esta formen parte del conjunto de temas a debatir -y a aprobar en las resoluciones posteriores- en la confrontación parlamentaria más importante del año.