A través de una providencia, el magistrado incluye en su petición de información al Archivo General de la Administración, para que le aporte datos sobre los fondos judiciales de los tribunales de Justicia Madrid desde 1936 --todos ellos republicanos--, en concreto, al Jurado de Urgencia, el Juzgado Especial de la Rebelión Militar, el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y los Tribunales y Juzgados populares, así como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid.
Además, pide a las partes personadas que en el plazo de una semana remitan un listado único, que incluya los nombres de las personas desaparecidas y elimine al menos aproximadamente la posibilidad de existencia de identidades repetidas.
La asociaciones denunciantes aportaron al juez el pasado lunes un censo con más de 130.000 nombres aunque reconocieron que existían datos duplicados o incluso triplicados. Añade que una vez recibido ese nuevo listado resolverá sobre la competencia de su Juzgado para investigar esta causa.
INSISTE ANTE LA IGLESIA
El juez se dirige de nuevo a la Conferencia Espiscopal Española (CEE) --que contestó al juez que no era institución apropiada para recabar esta información-- y cursa un nuevo oficio para que se de traslado a cada uno de los obispos de las diferentes diócesis españolas para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia".
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