La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha acordado retirar el pasaporte al empresario y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba por Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, por la causa de fraude fiscal en la que se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión por once delitos contra la Hacienda Pública, tras el supuesto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la juez ha pedido "retirar el pasaporte" al empresario y dicha decisión es "firme", aunque el mismo se encuentra "en libertad, pero no puede salir del país", según la resolución adoptada en el auto de apertura de juicio oral, adelantada por 'Diario Córdoba', y que es firme, por lo que no cabe recurso.
No obstante, la juez está "pendiente de resolver la solvencia" de Rafael Gómez, porque "valoró su patrimonio y consideró que sí es solvente para hacer frente a las cantidades del embargo", si bien el fiscal y el abogado del Estado plantearon que "hay sociedades que la juez ha considerado que están a su nombre, pero en ellas participa algún familiar y no puede responder solo Rafael Gómez".
En concreto, en el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Rafael Gómez por parte del Ministerio Público y el abogado del Estado. El fiscal solicita penas que suman 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con el impago de impuestos a través de cuatro empresas.
La Fiscalía acusa también a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, las conclusiones provisionales del Ministerio Público incluyen la petición para Gómez de una multa que podría llegar a 350 millones de euros.
En este sentido, el fiscal especifica en su escrito de acusación que los delitos se habrían cometido entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF. Las cantidades defraudadas en cada uno de los once casos por los que se le acusa irían, según explicó la Fiscalía, desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.
Cabe recordar que el juzgado ordenó en su momento el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia por valor de más de 70 millones de euros, entre ellas cinco fincas rústicas en Trassierra y otras cuatro en Granada, además de la sede de Arenal 2000. La Audiencia Provincial ratificó en 2014 la prórroga del embargo de los bienes.