El Consejo de Ministros abrirá en enero la puerta para que Garoña pueda reiniciar su actividad

El Consejo de Estado ultima estos días un dictamen sobre la futura legislación que prevé que esté finalizado en el mes de enero para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros, lo que permitirá a las centrales nucleares solicitar una nueva autorización de explotación, en aquellos casos en los que su cese de actividad no haya sido provocado por motivos de seguridad, según una información publicada este jueves por Diario de Burgos recogida por Europa Press.

Las mismas fuentes han señalado que tres entidades interesadas en el Real Decreto han solicitado audiencia ante el Consejo de Estado con el objetivo de presentar alegaciones y, una vez analizadas, se presentará el dictamen definitivo a la norma, que ya recibió la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado mes de julio.
 
Ante este nuevo escenario, la planta burgalesa podrá solicitar una nueva autorización, que podría ser de un mínimo de explotación de diez años con el objetivo de rentabilizar las cuantiosas inversiones que deberá acometer a exigencia del CSN, en caso de que reciba dicha autorización.
 
En la actualidad, los representantes sindicales de Garoña negocian un convenio de continuidad para las próximas anualidades con la empresa propietaria de la central, Nuclenor, puesto que el convenio vigente finaliza el 31 de diciembre.
 
A través de este nuevo convenio, la empresa pretende adaptar las condiciones laborales de los 287 trabajadores en plantilla a la coyuntura económica actual y las particularidades concretas de la planta, que se encuentra en situación de parada desde hace un año.

La noticia ha sido muy bien recibida en la Junta de Castilla y León donde su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado que "el tiempo ha acabado por darnos la razón" y ha reconocido que el pasado martes el propio consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, fue informado en el Ministerio de la posible reapertura de Garoña.

"Esperamos que se regularice porque es necesaria y segura", ha destacado, y ha concluido con el convencimiento de que así "todos contentos, bueno, todos no", en referencia a las organizaciones ecologistas.