Endeudarse con el porvenir

Uno de los caballitos de batalla discursivos del kirchnerismo es el supuesto éxito a la hora de desendeudarnos. Si una cuidadosa contabilidad ya ponía en duda la cuestión, las novedades judiciales desde los EEUU que han llevado al Gobierno a proponer una reapertura del canje terminan de dar por tierra con la publicitada premisa.
 
La deuda no es intrínsecamente buena o mala. Un empresario puede hacer uso de un crédito conveniente para invertir, mejorar su productividad y obtener mejores resultados. Y otro buscar financiamiento caro para tapar agujeros que se vuelven cada vez mayores. Las consecuencias de una misma acción -endeudarse- resultan diametralmente distintas. De igual manera, para un Estado no es equivalente utilizar créditos para desarrollar infraestructura de largo plazo como trenes, autopistas, puertos o la relacionada con la generación de energía, que procurar fondos para cubrir un déficit en sus gastos de funcionamiento.
 
Desde 2003 hasta 2008 el gobierno nacional tuvo resultados financieros positivos, es decir que sus ingresos eran mayores que sus erogaciones (aún incluyendo el pago de los intereses de la deuda). Esa situación de solvencia se debió tanto al efecto de la devaluación y el salto inflacionario del 2002 como a la reestructuración de la deuda de 2005. Y fue debido a esa fortaleza que, a pesar de la quita implementada en el canje, al poco tiempo los mercados estaban dispuestos a prestarle a la Argentina a tasas similares a las que pagaba Brasil. El Gobierno no hizo uso de esa oportunidad (de hecho, hasta decidió cancelar anticipadamente y mediante el uso de reservas la deuda con el FMI) y luego la dinamitó: en enero de 2007 comenzó la intervención del Indec y el costo de nuestro financiamiento aumentó sensiblemente.
 
En las adversas circunstancias que siguieron el kirchnerismo optó por no endeudarse en términos netos, pero el malgasto público continuó creciendo exponencialmente hasta que el gobierno nacional entró en déficit. Y entonces, empezaron distintas medidas para cubrir el faltante. Primero se estatizaron las AFJP. El sistema de capitalización no es el adecuado para la estructura socioeconómica argentina pero eso no es equivalente a utilizar los recursos que deberían respaldar el pago de las futuras jubilaciones para financiar gastos corrientes (algo que se profundizó con la colocación a Anses de bonos del Tesoro a tasas sustancialmente menores a la inflación). El siguiente paso del Gobierno fue utilizar las reservas del Banco Central. Y finalmente optó, lisa y llanamente, por cambiar su Carta Orgánica y recurrir descaradamente a la emisión monetaria.
 
De esta manera es cierto que no nos endeudamos con los mercados financieros. Pero sí lo hicimos con el porvenir. Primero, con el más lejano (los futuros jubilados), luego con el de mediano plazo (consumiendo las reservas que ahora faltan), y finalmente con el inmediato (generando inflación). Si la tan mentada recuperación de la soberanía de política económica sirve para fines tan cortoplacistas y con tanto costo social presente y futuro poca diferencia termina teniendo con una situación de dependencia.
 
A la Presidenta le gusta decir que su administración paga deuda que no contrajo. En gran medida esto es verdad. Pero, como se ve, también deja pesados compromisos que no afrontará. Por si ello fuera poco, si bien el kirchnerismo no es responsable por el endeudamiento original, después de diez años no puede desentenderse de la estrategia financiera. Y ahí están, a la vista ahora más que nunca, sus resultados.
 
Ambas reestructuraciones de deuda (2005 y 2010) representaron una quita nominal de aproximadamente 33.000 millones de dólares. La existencia del cupón del PBI terminará compensando buena parte de esa quita pero, además, los pagos indebidos del mismo, originados en la sobrestimación del crecimiento de la economía representarán no menos de 3000 millones de dólares. Si la Corte Suprema de los EEUU ratificara los fallos anteriores el monto que debería abonar nuestro país a los litigantes se acercaría a los 1400 millones (la aplicación de un criterio de cálculo para el total de la deuda en default daría 20.000 millones). Y ello dispararía también problemas (y derechos) para todos aquellos que entraron al canje, lo cual nos retrotraería a foja cero. Por ello es que el Gobierno intenta cambiar la jurisdicción de los bonos ya emitidos para que se rijan por la ley argentina. Porque no podría cumplir con las consecuencias plenas de un fallo negativo. Si terminamos allí habremos vuelto innecesariamente al pasado.
 
Con una estrategia seria a través del tiempo hubiéramos podido disponer desde hace algunos años de financiamiento barato para encarar obras estructurales fundamentales. En lugar de eso, terminamos extremadamente debilitados frente a un inescrupuloso pero mínimo grupo de holdouts, la deuda con el Club de París se sigue acumulando (a pesar de que se la podría haber resuelto en condiciones muy favorables durante 2008) y lo mismo pasa con los juicios en el CIADI. Esto es sólo lo que debemos en el exterior, para lo cual el gobierno nacional muestra que, después de una década, no tiene ninguna línea clara de acción y comete errores graves. Y en el ámbito interno, en la deuda con el futuro, sencillamente se hace el distraído.
 
De persistir en su obcecación y torpeza en ambos frentes, lo que dejará para los años que siguen es una deuda contingente aún mayor a la que encontró. Si continúa vanagloriándose del supuesto desendeudamiento es sólo porque esconde sus desatinos detrás de los repudiables fondos buitres, y porque sus principales acreedores locales -jubilados actuales y futuros, las víctimas de la inflación y de los cepos de todo tipo que traban a la economía- no pueden poner sus acreencias en un papel.