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El titular del gremio camionero y de la CGT disidente está siendo investigado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por el presunto delito de vaciamiento del Sindicato y de la Obra Social de Camioneros, por un monto superior a los 500 millones de pesos, hecho que alcanza además a varios miembros de su familia.