El Juzgado 35 de Madrid retomó la instrucción del caso en el cual se investigan defraudaciones y estafas en la compra por parte del grupo Marsans de Aerolíneas Argentinas e imputaría a tres directores generales de la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI).
La reapertura de las investigaciones se produce ante un requerimiento del fiscal, lo que derivaría en la imputación de delitos al firmante del contrato, Juan Gurbindo Gutierres, junto a Pablo Garolera Masso (vicepresidente) y al director Juan Masso Farolera.
De acuerdo a la publicación española, "la privatización de Aerolíneas Argentinas (ARSA), o mejor, el regalo de la compañía por parte del Gobierno Aznar a la empresa Marsans, con un obsequio añadido de 758 millones de dólares, ha dado un vuelco tras recibirse en el Juzgado número 35 de Madrid, el informe de la Fiscalía Anticorrupción".
Aclara la nota que el juzgado pide ahora "que se impute a tres directores de la SEPI, el organismo a través del cual se vehiculó el regalo de ARSA a Gerardo Díaz Ferrán, hoy presidente de la CEOE; y su socio, Gonzalo Pascual".
Señala la nota que "los dos empresarios están acusados de desvío de fondos públicos (los que les dio la SEPI para reflotar Aerolíneas, además de la compañía, vendida por una peseta), delito fiscal (con un informe pericial de la propia Agencia Tributaria donde concluye que Ferrán y Pascual defraudaron en esta operación 100 millones de euros a la Hacienda pública) y estafa procesal.
Aclara que hasta el momento la SEPI se había mostrado remisa a proporcionar información sobre el contrato de venta de ARSA, ante lo cual el Juzgado remitió las gravísimas acusaciones contra Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a la Fiscalía anticorrupción y ésta ha decidido que se cite a tres directores de la SEPI en calidad de imputados.
Entre los citados el más relevante es Juan Gurbindo, el hombre clave en el contrato de venta firmado en tiempos del PP.
El fiscal considera que el proceso Aerolíneas puede resultar una gravísima defraudación que incluso "pudiera producir una grave repercusión en la economía española", por lo que señaló que lo más aconsejable sería continuar con las actuaciones ante un Juzgado Central de Instrucción.
Entiende el representante del poder público que la SEPI es sospechosa de connivencia en el presunto delito, por lo cual solicitó y obtuvo "la reanudación de la instrucción del caso Aerolíneas Argentinas justo en el momento en que el Gobierno argentino pretende expulsar a Marsans, que ha convertido el tráfico aéreo en el país austral en un verdadero caos".
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