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Así lo ha anunciado el Consejero de Obras Públicas

Se remitirá al TSJC el  informe sobre la ejecución de las sentencias de derribo

Se remitirá al TSJC el informe sobre la ejecución de las sentencias de derribo

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo remitirá "inmediatamente" al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el informe que ha elaborado sobre las urbanizaciones con sentencia firme de demolición en municipios costeros de la región.
Así lo indicó el titular de este área, que ha iniciado una ronda de contactos con los afectados por este problema para explicarles y debatir con ellos los contenidos del plan, y que comenzó con el alcalde de Miengo, Avelino Cuartas. Mazón también se reunirá con los regidores de Arnuero, José Manuel Igual;  Escalante, Pedro José Jado; Piélagos, José Ángel Pacheco; y Argoños, Juan José Barruetabeña.

El plan, que fue presentado la semana pasada en el Parlamento, no está cerrado, según enfatizó el titular de Ordenación del Territorio, quien añadió que podrá recoger las aportaciones que hagan los alcaldes durante este ronda de encuentros.

Mazón insistió en que "la mayor parte de las actuaciones" para ejecutar los derribos "no están en mano del Gobierno", sino que le corresponden a los consistorios, ya que la labor del Ejecutivo se limita a la adecuación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y a la adaptación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

En este sentido, citó el caso del PORN de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, que presenta "zonas claras" para modificar y en el que "es posible dar cabida a urbanizaciones", según precisó el consejero.

La ronda de encuentras también incluirá el próximo viernes a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a propietarios de viviendas en urbanizaciones con sentencias de derribo, y el lunes a la asociación ecologista Arca, que ha iniciado los procesos que llevaron a las decisiones judiciales.

Mazón admitió su "preocupación" por este asunto, y expuso que el Gobierno tiene que conseguir un "equilibrio", con el se pueda "defender el territorio" sin hacer "dejación de funciones", a la vez que reiteró la imposibilidad de leyes de las denominadas de 'punto final' que anularían los derribos, por ser inconstitucionales.
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