El jefe de la misión, Enrique Correa, dijo en una rueda de prensa que la promoción del Gobierno pesa sobre los espacios que tienen los actores políticos, por lo que sugerirá que se declare una veda a la publicidad oficial.
La publicidad entre los actores políticos, los que promueven el "sí" a la aprobación de la nueva Carta Magna en el referendo y los que lo hacen por el "no", tienen espacios iguales de promoción, pero remarcó que "la balanza se desequilibra con la publicidad oficial".
El sistema electoral ecuatoriano no contiene una legislación detallada sobre la publicidad electoral, ni controles para la promoción que hacen los gobiernos locales o el Ejecutivo, recordó.
Por ello, dijo que "el sistema político y electoral ecuatoriano ganaría mucha estabilidad si contaran con una buena legislación sobre el gasto electoral".
"Actualmente no existe una legislación (en Ecuador) que garantice igualdad de acceso a los recursos de todas las fuerzas políticas", añadió Correa y subrayó que, "el espíritu cívico de los ecuatorianos no se merece un vacío legal tan grande".
La OEA, agregó, sugerirá, tras finalizar su misión en Ecuador, que se establezca una legislación más precisa sobre gasto electoral, como lo tienen otros países como Chile o México, donde también se regula la publicidad oficial, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos locales.
No obstante, recordó que en elecciones pasadas, la OEA ha sugerido al Gobierno y a los municipios que acojan una "veda" publicitaria durante las campañas electorales, pero se lamentó de que esta iniciativa no haya sido aceptada.
Por ello, insistió en que la OEA estudia propuestas que sugerirá a las autoridades ecuatorianas, para que una nueva legislación electoral "contemple la veda de publicidad, de tal manera que no sea el Gobierno el que desequilibre la balanza; no sólo el Gobierno central, sino también los municipios".
En este primer informe de observación de la OEA, cuyo trabajo arrancó la semana pasada, Correa insistió en que, a parte del asunto del gasto electoral, la misión no ha encontrado mayores novedades, aunque resaltó las denuncias que le han presentado dos actores políticos.
Señaló que la Unión Demócrata Cristiana, en la oposición, denunció que un correligionario suyo fue retirado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que el ex asambleísta León Roldós, lo hizo sobre supuestas alteraciones en el texto de la propuesta de la nueva Carta Magna.
En ambos casos, dijo Correa, el TSE ha justificado las dos situaciones y ha enfatizado que no existe el peligro de que esas denuncias alteren el calendario del referendo.
Destacó la labor del TSE y del Instituto Geográfico Militar, encargado de elaborar, garantizar las seguridades y distribuir las papeletas de votación, así como de toda la logística que se ha desplegado para el proceso.
Correa recordó que 9.751.973 electores constan en el padrón electoral, de los cuales 4.921.405 son mujeres y 4.830.568 son hombres, distribuidos en un total de 38.438 juntas de recepción de votos; además de 157.003 ecuatorianos acreditados para el voto en el exterior.
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