A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que esta directiva, que endurece las medidas fiscalizadoras a los inmigrantes indocumentados, a través de sanciones administrativas que contemplan el internamiento de hasta 18 meses previo a la expulsión, no se condice con los principios fundamentales de los Derechos Humanos.
La cancillería agregó que la medida adoptada se aparta de la letra y el espíritu de lo establecido en los acuerdos internacionales que consagran el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, independientemente de su condición migratoria y laboral.
Además, señala que tal medida igualmente contradice como antecedente inmediato, tanto la Declaración de la V Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea y el Comunicado Conjunto de los Jefes de Estado de la Comunidad Andina y la Troika de la Unión Europea, referidos a la necesidad de un diálogo integral y comprehensivo sobre la migración.
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