El Gobierno español hará un "esfuerzo diplomático de información" con los países de América Latina que expresaron su rechazo a la directiva de la Unión Europea de retorno de inmigrantes en situación irregular, anunció hoy la vicepresidenta del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega.
También dijo que el proyecto de directiva aprobado por el Parlamento Europeo esta semana "no es aplicable a España".
La actual ley que regula la inmigración en España contempla un periodo máximo de retención de 40 días, que se estudia ampliar a 60.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó este jueves en una entrevista con la cadena pública Radio Nacional de España que la directiva europea "no obliga, sino que limita" el tiempo máximo de retención.
Sobre el periodo de retención aplicado en España dijo que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió ampliarlo "solo a 60" días.
De la Vega insistió hoy que España tiene una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", también de los que se encuentran en una situación irregular, y establece un "procedimiento judicializado".
El proyecto de directiva aprobado el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo contempla un plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular de hasta 18 meses mientras se tramita su repatriación.
Según De la Vega, la directiva europea establece "criterios y garantías donde antes no los había como, por ejemplo, unos mínimos de control judicial" y otros requisitos de procedimiento y de funcionamiento.
"Que es suficiente, seguramente no; que hay que avanzar, seguramente sí", matizó.
La vicepresidenta se mostró confiada en que la información que proporcionará el Ejecutivo español hará que los países latinoamericanos entiendan especialmente la política española, con iniciativas como el plan de retorno voluntario de inmigrantes en paro, con una experiencia piloto en Ecuador y que es "compartida por ese país y por algunos otros".
"Lo que hace falta es una mayor información sobre la concreción y en qué se traducen estas políticas, especialmente la de Gobierno de España", reiteró.
También explicó que la Administración española está procediendo a "ajustes" en su política de inmigración, "determinados por una situación de menor crecimiento económico y de empleo".
Estos ajustes no implican "alterar" sus actuales líneas de actuación, basadas en la promoción de una inmigración legal y ordenada, y en la mejora de la "cooperación al desarrollo" con los países emisores.
En todo caso, es una "línea de ajuste y no de cambio de la política de inmigración", agregó.
El Gobierno español estudia una modificación de la Ley de Extranjería que limitará la reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores de 18 años.
La aprobación de la directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular por el Parlamento Europeo ha desencadenado las críticas de países de América Latina.
El Gobierno venezolano anunció el jueves que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la normativa.
En una conferencia de prensa, el presidente de ese país, Hugo Chávez, calificó de "indignante" la iniciativa que llamó "directiva del bochorno" y dijo que "no irá" el petróleo venezolano a los países que adopten la medida.
El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, calificó hoy de "totalmente desproporcionada" la advertencia de Chávez.
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