La LGE fue aprobada en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el jueves el proyecto sobre una nueva Ley General de Educación (LGE) al que se oponen profesores y estudiantes, que han protagonizado varias protestas de rechazo en las últimas semanas.

Debido a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición derechista para sacar adelante esa norma, la iniciativa también era repudiada por buena parte de los parlamentarios oficialistas, pero finalmente fue aprobada por 96 votos a favor, doce en contra y siete abstenciones tras cuatro horas de debate.

Para asegurarse el respaldo de los diputados oficialistas, la presidenta Bachelet suscribió un acuerdo con los partidos afines para enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento, destinado específicamente a fortalecer la educación pública.

Tras calificarse como “hija de la educación pública”, la mandataria resaltó su compromiso personal y el de su gobierno con la educación pública y explicó que el acuerdo suscrito con el oficialismo contempla “medidas y propuestas de una nueva legislación para que la calidad y equidad dejen de ser una aspiración y se conviertan en elementos asegurados mediante los mecanismos legales correspondientes”.

Agregó que también da "prioridad a escuelas y liceos públicos, con una estructura que permita superar los problemas detectados y garantizar una educación de calidad a lo largo de todo Chile".

La aprobación del proyecto sobre la LGE, que ahora pasó al Senado, necesitaba un mínimo de 68 votos, lo que hasta última hora estuvo en duda por la "rebeldía" de muchos parlamentarios oficialistas, que comparten con profesores y estudiantes el rechazo al concepto de lucro que, a su juicio, contiene el texto.

Poco después, y por 85 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, fue visada en la Cámara de Diputados la indicación a esa misma ley, que el Ejecutivo acordó con la derecha.

Esta indicación establece que "es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad pluralista y que promueva la integración social, dando además cumplimiento a los otros principios contemplados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes".

La nueva norma reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La LGE fue elaborada por una comisión especial surgida tras la "revolución de los pingüinos" (estudiantes secundarios) en 2006.

Estudiantes y profesores la rechazan porque creen que aumenta la desigualdad y la segregación, y exigen el fortalecimiento de la educación pública y terminar con la selección de alumnos en los colegios.

La votación en Valparaíso concluyó en medio de ruidosas protestas de profesores y estudiantes apostados en las tribunas de la Cámara de Diputados, que fueron desalojados por la policía. Los manifestantes gritaban, entre otras consignas, “Concertación, vergüenza nacional: hay plata para coimas y no para educar”

En medio del tumulto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, anunció que el gremio, que está en paro desde el pasado lunes, intensificará las movilizaciones. "Rechazamos la votación, seguimos exigiendo que se debe retirar la LGE, vamos a dar la batalla y, si se aprueba en el Senado, vamos a pedir el veto (presidencial)", dijo el dirigente.

"La guerra no se ha perdido", afirmó Gajardo, quien explicó que los docentes decidirán en las próximas horas si continúan indefinidamente con el paro, mientras en Santiago algunas organizaciones estudiantiles amenazaron con nuevas marchas y manifestaciones.