Diego rehuye el debate parlamentario sobre el CO2

Diego utilizó dicho tema en campaña electoral, creando alarmismos y lanzando gravísimas acusaciones contra el gobiernos socialista al que acusó de pensar en Cantabria solo como un inmenso basurero. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, afirmó que la solución de capturar CO2 es "algo obligado" que, además, el Partido Popular "llevaba en su programa electoral". Diego escuchó desde su escaño y mando a la tribuna a Juan Carlos Albalá, un diputado de perfil político mucho más bajo.

El consejero Martín respondió a la interpelación en el Parlamento formulada por el PP sobre la designación de dos puntos del litoral cántabro como posibles enclaves para el almacenamiento de dióxido de carbono.

Sin embargo, el diputado 'popular' Luis Carlos Albalá mostró su "preocupación" porque el Gobierno haya tomado "decisiones a espaldas de los ciudadanos" y haya "callado" informaciones "trascendentales". El parlamentario criticó la "gran desproporción" de que dos de los once espacios reservados por el Gobierno central para almacenamiento de CO2 en España se localicen en Cantabria, que sólo produce el 1 por ciento del dióxido de carbono del país.

Con esta reserva, Cantabria "acaba de ingresar en la lista de almacenamiento de CO2", dijo, y reclamó que todo el proceso que se derive de este hecho se haga "con luz y taquígrafos, no a escondidas como se ha hecho" y con un criterio de "proporcionalidad". Además, denunció los "riesgos" que conlleva, tanto el entramado de estructuras como el transporte del CO2 y abogó por que los depósitos se ubiquen junto a los territorios que más contaminan.

El consejero argumentó la necesidad de este tipo de almacenes ante el incremento del CO2, y señaló que Cantabria produce 8.000 gigatoneladas al año. Explicó que se han establecido once zonas posibles en España porque no todos los sustratos pueden almacenar dióxido de carbono, apuntó que restringir el uso de estos puntos es una medida "garantista" y agregó que "los estudios dirán si son seguros".

Además, rechazó las acusaciones de oscurantismo, afirmando que las resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un "ejercicio de transparencia".

'Ayudas a la conciliación'

Por otro lado, en la misma sesión plenaria --en la que se aprobó además la liquidación del presupuesto del pasado año del Parlamento--, el Gobierno regional también respondió a dos bloques de preguntas del Partido Popular sobre las ayudas convocadas el pasado año para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres trabajadoras o desempleadas con hijos o familiares dependientes, y sobre el Plan de Gobernanza.

Respecto a las primeras, el 'popular' José Antonio Cagigas criticó que la convocatoria fue "un ejemplo de improvisación y chapuza" porque se publicó en agosto y el crédito presupuestario no fue suficiente para responder a las peticiones recibidas. De hecho, reprochó al Gobierno que hace "todo tipo de propaganda para decir que avanza en la conciliación" pero "la realidad de los hechos" es que se deja "prácticamente mil solicitudes fuera".

Frente a ello, la vicepresidenta cántabra y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, recordó que se concedieron 489 ayudas y no se atendieron por falta de crédito otras 745 y, por ello, este año se pretende ampliar la dotación presupuestaria hasta los 740.000 euros.

Rechazó además la actitud de Cagigas y le recordó que el PP, el único año que convocó ayudas de este tipo, concedió 19 y denegó siete y, además, la cuantía máxima por solicitante era de 36 euros, frente a los 720 que se establecen ahora. "Hemos dado respuesta a más mujeres y además de eso vamos a seguir ampliándola y dando más respuestas y corrigiendo todo aquello en que fallemos", sentenció.

'Plan de Gobernanza'

En cuanto a las preguntas formuladas sobre la difusión del Plan de Gobernanza y el gasto dedicado a tal fin, el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, aseguró que el Ejecutivo ha gastado 1,8 millones de euros en el conjunto de las fases del plan: elaboración, difusión, seguimiento, control, consultoría, contratación de personal y contratación de una encuesta entre la población cántabra.

Sin embargo, la diputada 'popular' Cristina Mazas aseguró que el Gobierno dotó con más de dos millones de euros el convenio suscrito con CEP Cantabria para la gestión y difusión del plan, y lo amplió después con sendas adendas de 500.000 y 540.000 euros en los años 2006 y 2007, lo que supone en total más de tres millones de euros. Según dijo, esto significa que el presupuesto de la difusión del plan "supera con creces" el de algunas de las medidas en él contenidas.

Agudo replicó que el gasto fue de 1,8 millones, recalcó que "no es lo mismo lo presupuestado que lo gastado" y opinó que un gasto es "mucho o poco, en función del resultado que obtenga", ante lo cual repasó algunos de los indicadores económicos alcanzados en la región desde que gobierna el pacto PRC-PSOE y los logros del Plan de Gobernanza, lo que hace, a su juicio, que ese gasto de 1,8 millones sea un "buen gasto".