Ésta es una de las conclusiones de la reunión de ayer en el Palacio de Gobierno que inició a las 15.28 y concluyó a las 23.21. La cita fue la tercera en este mes en busca de un acuerdo político: la primera se efectuó el 7 de enero, la segunda el 14 y la más reciente ayer. Acudieron al encuentro los prefectos de La Paz, José Luis Paredes; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de Tarija, Mario Cossío; de Beni, Ernesto Suárez; de Oruro, Alberto Luis Aguilar, y de Potosí, Mario Virreira. El prefecto interino de Chuquisaca, Ariel Iriarte, abandonó la mesa del diálogo, según ABI, por presiones del Comité Interinstitucional, que quería incluir en la agenda el traslado de poderes.
El presidente Evo Morales, tras ocho horas de reunión, en las que Gobierno y prefectos se cerraron en sus posiciones, ratificó su propuesta inicial de un acuerdo y la creación de una comisión de trabajo que aborde, entre otros temas, unidad nacional, democracia, distribución de recursos y compatibilización de los estatutos con la Constitución. Los resultados del análisis serán enviados a la Directiva de la Asamblea Constituyente.
Mientras leía el planteamiento, los prefectos negaban con la cabeza. A las 23.21, el Jefe de Estado, tras designar al vicepresidente Álvaro García Linera como su representante en el grupo de trabajo, se puso de pie y dio por terminado el encuentro, frente a los cual las autoridades regionales no salían de su sorpresa y prefirieron quedarse en sus asientos unos minutos.
Las reacciones
Luego, al salir del Palacio, Costas, a nombre de sus colegas de la “media luna”, dijo que el viernes darán una respuesta sobre la comisión. “Hemos quedado en todo y no hemos quedado en nada”, sostuvo luego de comentar: “No me gusta el tema de las comisiones porque no es buscar una solución a la problemática”.
Paredes señaló que “se analizó el documento y se lo rechazó porque son muchos puntos, son demasiados compromisos”. Cossío dijo que “el Presidente concluyó la reunión abruptamente, (pero) tenemos el viernes un plazo que hemos acordado sobre el planteamiento de la Renta Dignidad. Esperaremos una respuesta y nos reuniremos para tener decisiones sobre el conjunto”.
Los prefectos de Cochabamba, Oruro y Potosí aceptaron integrar la comisión y se comprometieron a enviar delegados para analizar la agenda.
Vicios y legalidad
En la reunión se enfrentaron dos estrategias: la de los prefectos opositores al Ejecutivo que apuntaron a que la Constituyente anule la Carta Magna y regrese a Sucre, frente a la postura del Gobierno, que enumeró los peligros e incongruencias de los estatutos autonómicos e intentó forzar un acuerdo desde el inicio del diálogo. “Que la Asamblea regrese a su vicio más antiguo”, sugirió Costas, y advirtió que el país se dirige al “abismo”. Su colega de Pando precisó que el error original del cónclave fue no aceptar la aprobación por dos tercios. Ambos se refirieron a las sesiones previas a la de La Glorieta (cuando murieron tres personas en enfrentamientos con la Policía, que custodiaba la sesión de la Constituyente).
Cossío detalló más de cinco presuntas irregularidades en el procedimiento de aprobación de la ley fundamental. Ellos dijeron que apoyarían un “pacto social” si se respondiera a su pedido.
Morales hizo énfasis en la legalidad de la aprobación de la Carta Magna y recordó que una reunión no podía imponer decisiones a la Asamblea Constituyente. El viceministro de Coordinación, Héctor Arce, dijo que se cumplieron todos los pasos legales y que en la aprobación del texto constitucional participaron 10 fuerzas políticas. Admitió que está dispuesto a que se “amplíen” las sesiones de la Constituyente, previa consulta con asambleístas y congresistas.
Costas y Fernández sugirieron que en el encuentro se impulse la designación de autoridades jerárquicas (Fiscal General y vocales electorales, entre otros). El vicepresidente Álvaro García les respondió que la actual Carta Magna faculta al Congreso —y no a los prefectos— a tales nombramientos. Sin embargo, se mostró predispuesto a dialogar.
Cossío culpó al centralismo estatal de la pobreza. García le pidió que coordinase con sus colegas ya que algunos de ellos cuestionaron al Gobierno por impulsar cuatro tipos de autonomía.
Juan Carlos Urenda, asesor de Costas, enumeró cinco observaciones al proyecto de Carta Magna, entre ellas las insuficientes competencias para los departamentos, la igual jerarquía de las autonomías (departamental, indígena y municipal y regional) y la preeminencia de un decreto sobre una resolución regional. García Linera respondió que los puntos observados “son corregibles”. Sugirió formar una comisión para compatibilizar los cuestionamientos a la ley de leyes. Sobre los estatutos, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, describió lo que a su juicio son riesgos para la unidad del país.
Algunas frases
“No puede haber una Constitución con contradicciones” (Evo Morales).
“Que la Asamblea Constituyente regrese a su vicio más antiguo” (Rubén Costas).
“Los cinco puntos que observa (la ‘media luna’) son corregibles” (Álvaro García).
“Son muchos compromisos” (José Luis Paredes al referirse al planteo de Morales).
Los 16 puntos
1. Más allá de los intereses regionales, personales, manifestamos la decisión de precautelar la unidad de la patria.
2. Respeto pleno a la institucionalidad y a las leyes de la República.
3. Fortalecer la presencia del Estado en la economía nacional.
4. Compromiso conjunto en la necesidad de profundizar el proceso de cambio en el marco de las leyes de la República.
5. Respeto al resultado y
a la pregunta del referéndum
del 2 de julio de 2006 por autonomías departamentales.
6. Expresamos nuestra coincidencia en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del pago de la Renta Dignidad como política social que permita contribuir a nuestra lucha para reducir la pobreza en nuestro país.
7. Acordamos nuestro compromiso por lograr una gestión pública transparente en el manejo de los recursos públicos administrados por el Gobierno nacional y las prefecturas. Para ello se impulsará y tramitará una ley de transparencia administrativa.
8. Acordamos la necesidad de generar acciones orientadas a garantizar la propiedad privada y la propiedad pública.
9. Expresamos la necesidad de impulsar, a través del Congreso, la elección de los miembros faltantes en el Tribunal Constitucional.
10. Trabajar de manera conjunta para afrontar los desastres naturales.
Estos temas se los debe trabajar de manera conjunta en el transcurso de este proceso de diálogo iniciado el 7 de enero a fin de encarar acuerdos mínimos en los siguientes puntos:
1. Contradicciones en el nuevo texto constitucional aprobado en grande y en detalle y mecanismos que viabilicen su compatibilización.
2. Elección democrática de los consejeros departamentales para que elaboren legal y legítimamente los estatutos autonómicos.
3. Compatibilización del nuevo texto constitucional y los estatutos autonómicos.
4. Distribución equitativa de los recursos como base material del Estado nacional, nivel departamental y local, su destino y funciones de cada nivel, en el marco de un debate y un acuerdo nacional planteado por los gobiernos municipales en el denominando pacto fiscal.
5. La necesidad de ampliar este diálogo a otros sectores.
6. Programas y modalidades para encarar de forma concertada el referéndum revocatorio.
Cronología del encuentro
13.00: la Policía desplegó nuevamente los cinturones de seguridad hasta el segundo anillo de la plaza Murillo.
14.35: llegó la delegación de Chuquisaca, porque el encuentro fue fijado a las 14.30; sin embargo, seguridad del Palacio no permitió la entrada de los constituyentes Rubén Ardaya y Mario Oña como “acompañantes” del Prefecto interino de esa región.
A esa misma hora llegaba el presidente Evo Morales, quien ingresó por el garaje de la calle Ayacucho.
El Prefecto chuquisaqueño anunció que abandonaba el diálogo porque no dejaban entrar a los constituyentes y recordó que fue el Jefe de Estado quien invitó a “otras fuerzas” para participar en el debate en la mesa política.
14.55: ingresó al Palacio el Prefecto de Oruro sin hacer declaraciones y custodiado por una veintena de policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
15.14: llegaron los prefectos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.
Un minuto después arribó la primera autoridad política de Cochabamba y la de Potosí.
Finalmente llegó José Luis Paredes a las 15.17, y lo que fue programado para las 14.30 se difería por una hora.
15.27: ingresó el Mandatario en el salón de los Espejos, saludó a los invitados y a las 15.28 comenzó el diálogo político.
Como en anteriores oportunidades, el primero en hacer uso de la palabra fue el Prefecto de Santa Cruz, quien luego dio paso al asesor autonomista de su región Juan Carlos Urenda, quien realizó una explicación genérica de las “ilegalidades de forma y de fondo” que tiene la Constitución aprobada en Oruro.
La discusión abarcó sólo a Santa Cruz y el Gobierno con explicaciones de Urenda; el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, y el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
15.50: El Presidente recordó que “hasta el momento” el referéndum revocatorio está “descartado” y sólo se aplicará en caso de que no exista acuerdo hasta el viernes.
17.30: Cuando el viceministro Arce atacaba a los estatutos autonómicos aludió al color y la estatura de los cruceños —”para ser considerado cruceño seguro tengo que ser alto y blanco”—, lo que provocó la reacción del prefecto Costas, quien reclamó y logró la disculpa de la autoridad.
El prefecto pandino, Leopoldo Fernández, inició su intervención a las 17.41 y aconsejó ampliar el periodo de sesiones de la Asamblea Constituyente, y mientras realizaba su propuesta el Primer Mandatario asentía con la cabeza.
La discusión entre los representantes de Santa Cruz y el Gobierno concluyó a las 19.26 con una breve intervención del Prefecto de Potosí, y empezó su homólogo tarijeño, Mario Cossío, a las 19.35, cuya intervención se extendió hasta las 20.27, lo que provocó incluso reclamos del Jefe de Estado, quien le pidió terminar su alocución en dos oportunidades.
“Perdone, Presidente, pero yo tuve que aguantar cinco horas a sus ministros y viceministros con sus explicaciones, es la primera y única intervención que haré”, fue la respuesta de Cossío.
23.21. El presidente Evo Morales designó a los representantes para una comisión integrada por el vicepresidente Álvaro García Linera, el viceministro Héctor Arce y el Ministro de Defensa, Walker San Miguel.
Los incidentes
Cossío vs. García
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que la sesión de ampliación para la Asamblea estuvo viciada. El vicepresidente Álvaro García le pidió leer periódicos y no mentir, pues participaron varias fuerzas políticas en esa reunión.
Evo se molesta
El Primer Mandatario, luego de escuchar las críticas a la nueva Constitución Política del Estado, dio señales de molestia, ya que pidió respeto al proyecto de ley de leyes y dijo que no es correcto comenzar de cero en su tratamiento. Su mirada reflejó su ánimo.
Inmunidad
Las críticas del Ministro de Defensa a los estatutos autonómicos —especialmente aquella referida a que la propuesta dispone la inmunidad del Prefecto ante cualquier juicio— molestó a las autoridades departamentales.
Otra de Cossío
El Prefecto de Oruro interrumpió a su colega Mario Cossío por haber sobrepasado el tiempo de uso de la palabra. El Prefecto chapaco se molestó y dijo que soportó varias horas de debate y que ahora debían aguantarle a él.
Manfred y su pedido
Manfred Reyes Villa intentó que se apruebe una moción de orden pero pudo más el presidente Evo Morales, quien optó por seguir dando la palabra a los asistentes según solicitudes. El Prefecto se resignó y olvidó su pedido.
El Gobierno dice que oferta regional por IDH deja “gran hueco financiero”
El Poder Ejecutivo aseguró ayer que la propuesta de las prefecturas para financiar la Renta Dignidad no es viable porque deja al Estado “un hueco” de 60,7 millones de dólares.
Además, se basa en un aporte departamental de 30 millones de dólares ya comprometidos para otros proyectos y porque arriesga la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El ministro de Hacienda, Luis Arce, dijo a La Prensa que la única fuente sostenible para pagar la renta de vejez de 2.400 bolivianos anuales es el IDH, pero anticipó que, de todas formas, su despacho analizará la posibilidad de encontrar una fuente alternativa para cubrir el vacío que deja el proyecto regional.
El lunes, en la reunión entre el Gobierno y las prefecturas, los representantes de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija plantearon cubrir la Renta Dignidad con un aporte de 50 millones de dólares procedentes de los dividendos de las empresas capitalizadas; 60,3 millones del IDH que recibirá el Tesoro General de la Nación (TGN); 30,8 millones de los recursos totales que perciben las regiones sin tocar su IDH ni sus regalías, además de 60,7 millones que sugieren sacar del fondo de compensación que ofreció el Ejecutivo. Según Arce, esto último es lo que en realidad no tiene financiamiento.
Para el representante de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, el propósito es contribuir al pago de la pensión de vejez pero a través de una fuente financiera que no sea el IDH, por lo que una alternativa son los ingresos por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
Arce aclaró que el IEHD no es viable porque ese impuesto crece en función de la demanda interna de hidrocarburos, mientras que el IDH fluctúa por el mercado externo y como Bolivia tiene un contrato a largo plazo con Argentina, las expectativas por ingresos son muy favorables para la economía.
Precisó además que el anunciado aporte regional de 30,8 millones tampoco está garantizado, pues entre los recursos globales de las prefecturas se encuentran las donaciones, endeudamiento externo y recursos de contravalor que ya están dirigidos a otros planes, entre ellos caminos.
El Ministro recalcó que de todas formas se analizará la propuesta, pero que como dijo el presidente Evo Morales, si hasta el viernes las partes no llegan a un acuerdo, se aplicarán dos alternativas: discutir la implementación de un “Pacto Fiscal”, que es la redistribución de la riqueza económica, o ir a un referéndum revocatorio sobre el mandato.
La autoridad dijo que los gobiernos departamentales buscan, a través de varias propuestas, afectar los ingresos de Yacimientos, especialmente con la venta del petróleo reconstituido (Recon) o recortar los montos de inversión de la petrolera.
El presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, afirmó que con esta propuesta “se hiere de muerte la nacionalización”.
Las prefecturas negaron las acusaciones del Ministro y anticiparon que defenderán sus recursos.
Si (
No(
