Una jueza de Florida fijó para el próximo 17 de marzo el comienzo formal del juicio contra los cuatro detenidos, tres venezolanos y un uruguayo, por conspirar y actuar en el denominado "caso del maletín".
La jueza federal Joan A. Lenard fijó la fecha en una audiencia celebrada en Miami (Florida) en la que comparecieron los cuatro imputados y, por medio de sus abogados, solicitaron la transcripción en inglés de las pruebas que la Fiscalía utilizó en su contra.
Los cuatro imputados, que se declararon en fechas pasadas inocentes de los cargos en su contra, son los venezolanos Carlos Kauffmann, de 35 años; Moises Maionica, de 36 años, y Franklin Durán, de 40; y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 36 años.
Un quinto acusado en el "caso del maletín", Antonio José Canchica Gómez, de 37 años y también de nacionalidad venezolana, se encuentra en paradero desconocido.
A la petición formulada por los letrados, el fiscal adjunto Thomas Mulvhill respondió a la jueza que la traducción de las pruebas al inglés podría demorar cerca de un mes.
Con anterioridad, Mulvhill comunicó a Lenard que la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida había facilitado el pasado jueves a los acusados las pruebas utilizadas en su contra para acusarlos de conspirar y actuar en EE.UU. como agentes al servicio de Venezuela.
Son en total, dijo Mulvhil, 41 grabaciones de audio y ocho vídeos, además de fotos, objetos y declaraciones de los acusados tras su detención, y apuntó que "todavía tardarán un mes en terminar la transcripción al inglés", de los documentos, cintas y vídeos.
Se trata, según las autoridades, de un cúmulo de pruebas que apuntan a la presunta participación de los cuatro imputados en el intento de encubrir el envío ilegal de 800.000 dólares con destino a la campaña electoral de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
De ser hallados culpables, podrían recibir una sentencia máxima de hasta diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Jack Denaro, abogado del empresario del sector petrolero Kauffmann, explicó que había realizado copias de los documentos proporcionados por la Fiscalía y que "hasta no recibir las transcripciones" de las pruebas "no estaba en condiciones de presentar" posibles mociones.
El lunes el juez Robert Dube rechazó la petición de Denaro de celebrar una nueva vista en la que se reconsiderara la orden de prisión preventiva emitida en diciembre pasado contra su cliente, porque, dijo el abogado, la defensa de Kauffmann fue entonces "poco eficiente".
Parecida consideración a la de Denaro aportó el letrado de Durán, Edward Shohat, quien pidió también la transcripción realizada por las autoridades para "compararla" con la suya y "avanzar más rápido" en el proceso.
La magistrada estableció la próxima vista para el próximo 11 de febrero, con el propósito de evaluar la situación del caso y verificar la entrega de las traducciones de las pruebas a la defensa.
A partir del 14 de febrero, la jueza Lenard fijó diversas vistas para la presentación de las peticiones de la defensa y las respectivas respuestas de la Fiscalía.
De ser hallados culpables, los tres venezolanos y el uruguayo podrían recibir una sentencia máxima de hasta diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
En la acusación formal que se presentó el pasado 20 de diciembre contra los cinco imputados se incluye una pormenorizada descripción de las conversaciones telefónicas, citas y reuniones "secretas" que sostuvieron con Antonini Wilson, el llamado "hombre del maletín".
Por su parte, Sowmya Bharathi, abogada de Wanseele Paciello, quiso marcar distancias respecto de los otros tres acusados al decir que ella no necesitaba la traducción de las pruebas, porque la situación de su defendido es "diferente".
El pasado 4 de agosto Antonini Wilson viajó a la capital argentina en un avión privado procedente de Caracas con altos cargos de la empresa Petroleos de Venezuela (PDVSA).
A su llegada al aeropuerto Antonini Wilson, que posee también nacionalidad
estadounidense, intentó entrar en el país sin declarar los 800.000 dólares que le fueron decomisados por el servicio de aduanas.
Liberado horas después, el empresario regresó a Estados Unidos, país en el que reside y donde decidió colaborar con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la investigación del caso, por lo que pasó a ser un testigo protegido por el Gobierno de Estados Unidos.
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