Cárceles, Navidad y Constitución

Llegan las fiestas navideñas y, con ellas, un cierto sentimiento de tristeza ante la lejanía de algunos de los nuestros. Los recuerdos de años pasados, ya lejanos en el tiempo, me aparecen  llenos de frío, villancicos, zambombas y nostalgia de la etapa de la transición. “En Navidad, todos a casa”, era la consigna que  familiares y amigos de los presos políticos  habían estampado en pegatinas que repartían por muchos barrios de la capital. Corría el año 1977 y la amnistía no había llegado todavía a todas las prisiones, después de la muerte de Franco.

“No estamos todos, faltan los presos”, se gritaba también entonces. Hoy 30 años después, todos estos asuntos regresan a mi memoria por la cercanía de la  Navidad y porque algunos medios de comunicación recogen denuncias de masificación carcelaria, relacionando la falta de espacio físico para los internos con incidentes como el sucedido semanas atrás en la prisión de Picassent (Valencia). Ahora que está tan de modo acudir a la Carta Magna para amparar reivindicaciones,  no  está de más señalar que en el apartado segundo del artículo 25 se especifica que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”. Hay unos 66.000 presos en 77 cárceles. Madrid, con media decena de recintos penitenciarios, tiene cerca de 9.000 internos.

Sindicatos y Administración no se ponen de acuerdos en los porcentajes de hacinamiento pero reconocen que existe, aunque unos dicen que están al 130% y otros al 150% de su capacidad. A comienzos de los 90 la población reclusa era la mitad. Los tiempos han cambiado y las demandas deben adecuarse a la nueva realidad. La Navidad es un buen reclamo para llevar a cabo campañas de sensibilización de todo tipo,  La última, una para promover la adopción de animales. Y está muy bien, pero rememorando los años 70 se puede volver a decir aquello de “ya sólo faltan los presos”.

En esta ocasión, no en las calles sino en la conciencia colectiva. Dicen algunos que, para medir el grado de desarrollo de una sociedad, comprobar la situación de los colectivos más desfavorecidos es un buen sistema. Además de que la Constitución habla de las penas y los penados, descartando el trato vejatorio, es necesario insistir en que los presos tienen casi todos los mismos derechos que el resto de la población, exceptuando la libertad. Como no votan, no son tenidos en cuenta por los partidos políticos, que por eso no incluyen en sus programas electorales medidas para mejorar el sistema penitenciario. Todo este abandono provoca que este asunto no entre en el debate político y la situación de estas personas importe poco a muchos.

Sólo entendiendo que las cárceles forman parte de la geografía regional, y que sus habitantes son también ciudadanos con derecho a la salud, a la educación y la reinserción, podremos ayudar a la mejora de la calidad de vida de los presos. Los gobiernos autonómicos -que tanto defienden sus competencias alegando cercanía y solicitando, por eso, la gestión de los colegios, los ríos, los montes y  los centros de salud, entre otras materias- se hacen los locos y pasan de los derechos de sus ciudadanos presos y de ser competentes también en prisiones.

Con un mayor grado de sensibilidad, podríamos intentar, entre todos,  solventar los problemas de los presos, empezando por el hacinamiento, que no sólo se resuelve levantando más presidios. La cárcel debería ser el último recurso y se debería dedicar a encerrar a los que más graves delitos cometen, si los gobernantes se animaran a incrementar  medidas sociales que actúen sobre las causas que provocan los delitos.

Teniendo en cuenta que una gran mayoría de los presidiarios están encerrados por delitos contra el patrimonio y de tráfico de drogas, muchas veces asociados, ¿por qué no debatir sobre la flexibilización del sistema penitenciario? Seguro que otro gallo nos cantaría si se apostase  por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad.

Estas actuaciones harían innecesaria la construcción de más makos y quizá pensar en otro tipo de prisiones, más alejado del actual de escuela del delito. Las miles de familias que pasarán las fiestas navideñas con la tristeza de tener en el recuerdo al familiar preso seguro que desconocen que los suyos tienen derechos por muy feo y abominable que sea el delito que hayan cometido. Que se cumpla la ley y que los gobiernos sepan que sus presos son personas y no indeseables de por vida.