El presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, coincidieron hoy en señalar que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) debe hacer compatible la recuperación de los acuíferos de la zona, 23 y 24, y el desarrollo económico y social de la comarca.
Ambos hicieron estas manifestaciones durante el acto de la firma del protocolo de colaboración entre los Gobiernos autonómico y central para desarrollar este plan que contempla una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años.
El plan, pendiente sólo ya de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto para que entre en funcionamiento, se aplicará sobre una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, en los que se asientan 169 municipios y unos 600.000 habitantes.
La ministra de Medio Ambiente señaló que uno de los principales objetivos es el de "frenar la sobre explotación" de los acuíferos, indicando en este sentido que se pretende ahorrar unos 200 hectómetros cúbicos de agua de los mismos al año, mientras esté vigente el plan.
En este sentido, explicó que desde el ministerio ya se han puesto en marcha ofertas públicas de adquisición de derechos de agua por un montante de 40 millones de euros, medida en la que se profundizará en el plan.
Asimismo recordó que, hasta el momento, se han comprado unas 900 hectáreas en el entorno del parque nacional de Las Tablas de Daimiel, cuya recuperación, remarcó es una prioridad para los Gobiernos central y regional.
La ministra Narbona también destacó la trascendencia del plan de forestación que lleva asociado el PEAG, plan de forestación en el que se invertirán un total de 1.185 millones de euros.
Urgente y necesario
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reseñó por su parte la importancia "social, económica y política" de la jornada de hoy y aseguró que actuar para parar la sobreexplotación de los acuíferos era algo "urgente, necesario", dado que los acuíferos de la zona hacía demasiado tiempo que estaban en "números rojos", declaró.
Al igual que Narbona, Barreda consideró que es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales para generaciones futuras y manteniendo el nivel de renta de los agricultores, para lo que, puntualizó, hay que "poner dinero" para comprar derechos de agua, algo que está en la base del PEAG.
Además, Barreda expresó la necesidad que de que todos los agentes sociales e instituciones que han colaborado en la elaboración del PEAG sigan actuando conjuntamente para que "todos ganemos".
Para el presidente regional, con el PEAG se acaba con "todas la incertidumbres" que pudieran acechar la comarca del Alto Guadiana, ya que, con inteligencia y visión de futuro, dijo, se han dejado atrás intereses coyunturales en favor de una perspectiva general a medio y largo plazo y en beneficio de todos.
Consecución de objetivos
La gestión del plan contempla la creación de un consorcio, cuya sede, el presidente regional y la ministra de Medio Ambiente consideraron que debe estar ubicada en una población de la zona, habiéndose ofrecido ya para ello Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Para alcanzar sus objetivos, sostenibilidad de la actividad económica, conservación de los recursos para el futuro y la consecución de los objetivos ambientales, se aplicarán varios programas, entre ellos, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua, 810 millones de euros, medidas de control del consumo de agua con la instalación caudalímetros, 432 millones de euros, y medidas de apoyo a los usuarios, 34 millones de euros.
Asimismo, se contempla un programa de ayudas para el mantenimiento racional de regadío o su transformación a secano, 940 millones de euros, otro de apoyo a la búsqueda de alternativas económicas a la agricultura, 589 millones de euros, y un tercero de abastecimiento, saneamiento y depuración por 819 millones de euros.
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