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OPINIÓN/Víctor Gijón

Toca reformar el Estatuto

Toca reformar el Estatuto

Reformemos el Estatuto de Autonomía. Tengo escrito que, aún no siendo ni urgente ni obligada la reforma, deberíamos estar muy atentos a la evolución de otros estatutos para no quedarnos rezagados . Pues ya estamos por detrás. Y no sólo de Cataluña o Andalucía, como con intereses electoralistas evidentes plantea el PP y sus corifeos mediáticos de la derecha, sino de varias importantes comunidades con gobierno conservador, caso de Valencia, donde ya está aprobado el nuevo Estatuto, o Castilla-León y Canarias, donde la reforma se encuentra en tramitación.
En todos ellos se han incluido cláusulas que garantizan una mayor inversión del Estado. Algo que Cantabria debería plantearse hacer de inmediato.

Tanto el presidente, Miguel Ángel Revilla, como la vicepresidenta, Lola Gorostiaga, del Gobierno de Cantabria se han expresado a favor de la reforma estatutaria siempre que fuera mediante consenso. Lo cual no parece posible si el PP mantiene por un lado que “no es una prioridad” de su partido dicha reforma del Estatuto de Autonomía, algo que viene afirmando machaconamente el líder conservador en Cantabria, Ignacio Diego, y luego quejarse de que otros utilicen las reformas para obtener ventaja económica en el reparto de fondos del Estado.

En Cantabria sigue vigente el antiguo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con decisiones que deben ser consensuadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo boicoteado por los populares desde que perdieron el Gobierno en 2004. Pero Cataluña y Andalucía, tras aprobar la reforma de sus respectivos estatutos, han introducido cambios en el sistema. Cambios que les benefician claramente, como beneficiados saldrán valencianos, castellano-leoneses, canarios, castellanos-manchegos, aragoneses y baleares, comunidades todas ellas donde las reformas están en marcha o ya han sido aprobadas.

Cantabria, sin embargo, no está por el momento entre las autonomías perjudicadas a priori, aunque puede llegar a estarlo si se generalizan los cambios sin que en nuestra Comunidad Autónoma se reaccione. La situación de las inversiones del Estado en Cantabria ha mejorado notablemente con los Gobiernos del PSOE, pero al no tratarse de una situación reglada, vía Estatuto, es la voluntad del Gobierno de turno la que determina el montante del capítulo inversor. Renta y/o población son las dos variables utilizadas hasta ahora por las Comunidades Autónomas para establecer el porcentaje de participación en los presupuestos del Estado. Cantabria deberá estudiar cual es la alternativa más favorable a nuestros intereses, sin por ello olvidar el concepto de solidaridad interregional. Que algunos sean insolidarios no justifica derivas egoístas.

A día de hoy la situación de Cantabria no es, repito, mala. Al margen de la deuda histórica, concepto manejado por el PP sin darse cuenta que una parte importante de esa deuda es de su responsabilidad directa o indirectamente, los datos son los que son. Cantabria recibe, por ejemplo, un 0,8 más que nuestra aportación como comunidad al Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Este indicador es el que Cataluña ha utilizado para fijar la contribución estatal a sus arcas. Otro dato relevante es el de la inversión en euros por habitante (criterio poblacional elegido por Andalucía), donde tampoco salimos mal parados. Porque si bien en términos absolutos es Andalucía la que más inversión recibe, seguida de Cataluña, Madrid, Castilla-León y Comunidad Valenciana, en la relación de inversión por habitante el primer puesto lo ocupa Asturias, seguida de Aragón, Castilla-León y la cuarta es Cantabria, que con 706,65 euros de inversión por cada cántabro, (404 millones de euros en total invertidos en 2007), casi dobla a Cataluña (410,96 euros/hab.) o a Andalucía (446,88 euros/hab.).

El PP, que dice no en Cataluña al mismo modelo de financiación cuya inclusión apoyó en la ley andaluza, no sabe como enfrentarse a la nueva situación. En Cantabria sí: Cataluña es culpable, dicen y se quedan tan tranquilos. Por tanto si Cantabria pierde fondos, que según los populares no es una posibilidad sino realidad, será por los catalanes. Le sigue en esa jarana catalanofóbica El Diario Montañés. Sin recato. Pero esa catalonofobia de manual de extrema derecha lo que oculta es la contradicción de protestar por los efectos de las reformas en los estatutos, mientras en Cantabria se huye del tema por no molestar a los castellanistas de oportunidad --los que ahora, cuando los populares no gobiernan, plantean que mejor estábamos unidos a Castilla-- y que cada día son más en las filas del PP.

Los nacionalistas intentan hacernos creer a los que no lo somos que su relación con el Estado debe establecerse en términos identitarios, defendiendo singularidades propias y magnificando diferencias. Pero por encima y por debajo de principios y de símbolos siempre está el dinero. Se es más nación o más región con más presupuesto. Así lo ha entendido Cataluña y Andalucía con sus reformas de Estatuto. Y si el País Vasco no aparece en la lista es por la especificidad de su régimen foral, que comparte con Navarra, y que le permite recaudar primero y pagar después al Estado y no al revés.

Así las cosas, ya dejaba claro en 2006 el profesor Barea, antiguo asesor de Aznar con el que terminó a la greña, que tras la aprobación del Estatut catalán --todavía no estaba en vigor el de Andalucía que copia del catalán cuestiones claves del sistema de financiación--, en España iban a coexistir, lo que cual no presuponía que fuera una relación pacífica, tres sistemas de financiación autonómica: el foral (País Vasco y Navarra), el de Cataluña (y ahora Andalucía) y el del resto de las comunidades autónomas, pendientes de la propuesta por el Gobierno para su discusión en la Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Entre las declaraciones de Barea y el día de hoy otras Comunidades Autónomas han iniciado el proceso de reforma estatutaria. Castilla-León (en tramitación), Aragón (aprobado), Canarias (en tramitación), Comunidad Valenciana (aprobado), Castilla-La Mancha (en tramitación) y Baleares (aprobado). En Galicia está paralizado el proceso por la falta de acuerdo entre PSOE y Bloque, que comparten Gobierno, y en Asturias ya se han iniciado los trámite preliminares de la reforma. En Madrid, Murcia y Extremadura no hay movimiento alguno. Y en Cantabria se ha encargado un informe a la Universidad. Sólo falta una decisión política. Y mejor tomarla hoy que mañana.
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