El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, incluye la investigación sobre los posibles vínculos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) con la ilegalizada Batasuna dentro de la "hoja de ruta judicial" que su departamento tiene previsto desarrollar en los próximos meses en la lucha contra ETA.
Zaragoza explicó que esta hoja de ruta contará con cuatro líneas de actuación: la prevención de los actos terroristas mediante la detención de los integrantes de la banda, en estrecha colaboración con Francia; las actuaciones contra el entorno de ETA, entre las que se incluye la investigación penal de ANV; la vigilancia de los presos; y el impulso de las reclamaciones para la entrega a la Audiencia Nacional de miembros de ETA detenidos en países extranjeros.
Por otra parte, Zaragoza comentó los datos de la memoria de la Fiscalía presentados el lunes con motivo de la apertura del Año Judicial, que subrayan que el Ministerio Público triplicó sus actuaciones en la Audiencia Nacional durante el alto el fuego permanente establecido por la organización terrorista con respecto al periodo de tregua de 1998.
Política penitenciaria
Otra de las prioridades de la Fiscalía se refiere a los presos de la banda. "Tanto antes, como durante y después de la tregua o supuesta tregua, nadie puede dudar de que la política penitenciaria ha sido muy restrictiva", comentó Zaragoza, que apuntó que durante el año 2006 no se concedieron terceros grados a reclusos de ETA "salvo en casos muy excepcionales, de enfermedad muy grave".
Según refleja la propia Memoria de la Fiscalía, tampoco se concedieron libertades condicionales ni beneficios penitenciarios para los reclusos de esta organización terrorista, a lo que hay que sumar una aplicación "escrupulosa" de la denominada 'doctrina Parot', que afectó a unos 15 reos que "han visto alargadas sus condenas hasta dentro de un considerable periodo de tiempo".
"Esta política persigue persigue la disociación de estos presos de la banda terrorista, aparte de las finalidades tradicionales de la pena", apuntó el fiscal jefe de la Audiencia.
La cuarta línea de actuación prevé activar los procedimientos judiciales que permitan la entrega a la Audiencia Nacional "de todos aquellos reclamados por la Audiencia Nacional que tengan causas pendientes por delitos que no hayan prescrito relacionados con ETA".
Se trata de un "número importante" de individuos, según Zaragoza, que quizá en estos momentos no pertenecen a los comandos o células de la organización ETA, pero que "tienen reclamaciones por hechos pasados que en algunos casos son muy graves". Entre los países en los que se trataría de localizar a estos individuos, Zaragoza citó Francia, México, Venezuela, Cabo Verde y Uruguay.
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