La portavoz del colectivo, Josefina Pérez, leyó un manifiesto en el que señaló que "todos queremos manifestar nuestro pesar, a la familia de la víctima y ofrecer todo el apoyo y consideración" a la vez que demandar a las autoridades que los hijos de este matrimonio que estaba en trámites de divorcio, "sean atendidos de inmediato y puedan regresar con su familia en paz".
Asimismo, reseñó que es necesario un cambio de la sociedad que sigue tratando de manera desigual a los hombres y a las mujeres, y recordó la responsabilidad que todos los ciudadanos tienen en la solución de este problema, "denunciando, apoyando a las víctimas y condenando a los agresores, así como a la sociedad machista que sustenta estas relaciones", dijo.
Pérez hizo un llamamiento a la sociedad en general, para que no se tolere ninguna afrenta a la dignidad e integridad de las mujeres, para que se sumen a la defensa de cuantas iniciativas tiendan a la erradicación de la violencia de género y para que se eviten situaciones como esta.
Finalmente, realizó una petición a las administraciones para que corrijan los fallos de puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y que se impliquen todas las instituciones para dotar de recursos suficientes que prevengan los malos tratos.
Al acto asistieron varios representantes de colectivos y asociaciones, así como el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Javier Corrochano.
Junta Local de Seguridad
Precisamente fue Javier Corrochano, quien explicó que, tal y como establece el protocolo de violencia de género ya se ha elaborado un informe sobre el caso ocurrido en Talavera de la Reina (Toledo), que ya ha salido para el Ministerio y el miércoles se celebrará en Talavera una Junta de Seguridad con caracter urgente.
En este encuentro se va estudiar el caso, y si se cumplía la orden de alejamiento dictada sobre el presunto asesino, un joven ecuatoriano de 27 años de edad, así como la prestación de los servicios sociales que había demandado la víctima.
Así lo indicó en declaraciones a los medios el subdelegado del Gobierno en la provincia, quien señaló que fue la Comisaria madrileña la que dio la voz de alarma, al avisar de la detención de un ciudadano ecuatoriano identificado Daniel Humberto G.L.L. de 27 años que confesó haber matado a su esposa, Nancy Paulina D.C. de 26 años de edad.
Según Corrochano, personada la policía en el domicilio de la víctima, situado en el número 59 de la Avenida Pío XII, se descubrió el cadáver de la joven que había sido apuñalado. Fue el juzgado número 1 de Talavera y el número 6, que entiende de violencia de género, los que acudieron junto con el forense para levantar el cadáver de la joven, que hoy habrá sido estudiado en el Instituto de Medicina Legal de Toledo.
Corrochano recordó que el detenido tenía una orden de alejamiento de 300 metros, y una sentencia judicial de 16 meses, que al carecer de antecedentes penales, no había cumplido con internamiento en prisión.
Según vecinos del entorno, continuó Corrochano, la pareja se encontraba en trámites de separación, caso del que se encargaba el Instituto de la Mujer de Talavera, aunque la orden de alejamiento no se cumplía "porque vecinos les veían juntos", algo que según añadió queda dentro del ámbito de la investigación.
El subdelegado del Gobierno en Toledo pidió compresión a los medios, porque "debo ser respetuoso con el mandamiento judicial" y que se evite el morbo entorno a estos casos. "Hay que ser firme en la condena de estos hechos, y lo suficientemente eficaces para evitar que los hechos se produzcan y poner remedio que la justicia considere más oportuno, ante uno de los casos que repito no me deja indiferente" concluyó.
El Gobierno regional se personará en el procedimiento penal
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, acordó autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer la acción popular en el procedimiento penal por malos tratos, derivado del presunto asesinato de Nancy Díaz, el pasado día 17 de junio en Talavera de la Reina (Toledo), víctima de una agresión machista.
Esta actuación legal se realiza en aplicación de la Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas que establece que el Gobierno regional ejercitará la acción popular en los procedimientos penales por malos tratos, siempre que la víctima lo solicite, o cuando concurra resultado de muerte o cuando las circunstancias de los hechos lo aconsejen, señaló la Junta en nota de prensa.
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