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Una Policía 'tercermundista'

Una Policía 'tercermundista'

 En tanto no culmine la autopsia, no están claras las causas de la muerte de un ciudadano nigeriano que falleció el pasado sábado, día 9, mientras se procedía a su expulsión de España. Sin embargo, la Policía española ha sido acusada de torturas y asesinato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, defiende a los implicados y, a la vez, acusa al Ministerio de no tener un Protocolo para expulsiones de elementos peligrosos como, al parecer, era este nigeriano.

   Esta es la realidad que vivie la Policía española, según argumenta el SUP:

  1º. Aunque su familia se ha apresurado a acusar a los policías de torturas y malos tratos –como recoge la página 29 del diario El País de hoy-, defendemos la profesionalidad de los policías actuantes y negamos radicalmente dicha imputación.

  2º. Responsable de la muerte del ciudadano nigeriano es en primer lugar él mismo, que posiblemente pretendió suicidarse para evitar ser expulsado a su país donde al parecer había sido condenado por asesinato, y en segundo lugar, el Gobierno de España por su falta de adaptación de los procedimientos policiales a la realidad social a la que nos enfrentamos los policías.

  3º. Desde que en el verano de 1996 se procedió a la expulsión de 103 inmigrantes sedados con Haloperidol, que fue inyectado en las botellas de agua indiscriminadamente poniendo en riesgo la vida de todos los ocupantes del avión, nada se ha hecho, ni por los gobiernos populares ni por los socialistas, en orden a establecer protocolos de actuación, pautas de obligado cumplimiento que garanticen los derechos de los expulsados y doten de seguridad jurídica a la actuación de los policías.

  4º. Por esa falta de actividad en la regulación de nuestras actuaciones, por la falta de adaptación a las situaciones reales que vivimos, por la falta de garantías jurídicas y por la falta de medios materiales, la Policía de España está quedando rezagada y con mucha dificultad puede prestar el servicio que le encomienda la Constitución Española. Esta situación es responsabilidad del Gobierno.

  5º. Y si en los procedimientos operativos dejamos mucho que desear frente a policías europeas que tienen regulada hasta la mínima actuación de sus agentes, en el aspecto formativo, pasar de 900 a 5.000 ingresos al año esta siendo una inversión de futuro en cantidad con claro detrimento de la calidad. No existe una mínima formación que debía ser básica y esencial sobre los derechos humanos y civiles que debemos respetar y defender.

  6º. No existe ninguna norma que explique cómo hay que expulsar a un ciudadano que se resiste con violencia a su expulsión, quizás porque en su país le espera la cárcel de por vida. Los políticos  seguirán alabando a la Policía porque les produce réditos políticos, y algunos mandos policiales seguirán colocándose medallas que no han merecido mientras los policías actúan con su propio criterio, arriesgando, como en el caso que nos ocupa, su profesión y su libertad. Los policías contarán con todo el apoyo del Sindicato Unificado de Policía.

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