El fiscal Milton Mendoza, uno de los aspirantes al cargo de Fiscal General de la República, dirigió la operación, que justificó señalando que se trataba de encontrar elementos que pudieran esclarecer las acciones de represión a la revuelta de octubre de 2003, que dejaron 63 personas muertas y derivaron en la renuncia de Sánchez de Lozada.
El Ministerio Público en un juicio de responsabilidades promovido por el actual presidente Evo Morales acusa a Sánchez de Lozada de ser responsable de ''genocidio'' por esas muertes.
Ellas se registraron en acciones protagonizadas por las fuerzas armadas en respuesta a una ola de protestas alentada, entre otros opositores, por el propio Morales contra planes privados de exportación de gas a Estados Unidos por un puerto chileno. El gobierno no había tomado una decisión.
Ante la consulta sobre si no era muy tarde para el allanamiento, Mendoza señaló que no lo es por considerar que aún puede encontrar documentación en el domicilio, del que Sánchez de Lozada partió el 17 de octubre de 2003 rumbo a Estados Unidos, donde reside actualmente.
''No creo que sea tarde'', señaló Mendoza al indicar que decidió pedir el allanamiento al enterarse de la existencia de un documento emitido por un organismo militar en octubre de 2003 titulado ''Lealtad con Bolivia'', que en su criterio sería un pacto de impunidad en el seno de ese gobierno.
La ex ministra de Sánchez de Lozada y actual jefa del partido del otrora mandatario, Mirtha Quevedo, reveló este mes la existencia de ese documento en declaraciones ante Mendoza, aunque no señaló que se tratara de un pacto de protección.
Aclaró que lo conocía Carlos Mesa, quien poco después de suceder en la presidencia a Sánchez de Lozada emitió un decreto por el que, en una suerte de indulto, eximió de las investigaciones sobre la revuelta a Morales y otros dirigentes opositores, que en las primeras denuncias aparecían como instigadores.
En la operación, un equipo de bomberos tendió escaleras sobre las paredes externas de la casa para poder ingresar a ella, mientras que otro grupo de la policía rompía candados y cerraduras de la puerta de entrada. Al final, quienes cuidan la residencia abrieron las puertas desde adentro.
Mendoza señaló que, al parecer, en la antigua casa, ubicada en el barrio residencial de Obrajes, vive una hermana de Ximena Iturralde, esposa del ex presidente.
El trabajo de Mendoza quedó en entredicho el año pasado cuando la Corte de Distrito de La Paz ordenó la liberación de la ex ejecutiva del Banco Central de Bolivia Marcela Nogales, a quien el fiscal detuvo personalmente en un caso conexo al de Sánchez de Lozada, por considerar que la había mantenido ilegalmente presa por casi dos meses.
El embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, a quien Morales le encomendó lograr la extradición de Sánchez de Lozada, con residencia en el área de Washington, dijo recientemente a la prensa que la tarea es difícil, porque no habría encontrado interés en atender el caso en el Departamento de Justicia norteamericano.
El fiscal también olvidó que el ex presidente Sánchez de Lozada no vivió en su propio domicilio como mandatario, sino que utilizó la residencia presidencial, donde sostenía todas sus reuniones políticas.
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