Doble escándalo electoral

   Avanza la campaña electoral: superabas las tensiones de la elaboración de listas de candidatos, es posible observar algunos otros episodios que no son novedosos, pero sí proporcionan sorpresa y hasta estupefacción. Me refiero a dos situaciones del momento: primera, la denuncia de que se han detectado engordes de censos "sospechosos" nada menos que en 235 alcaldías o municipios. Nada menos. Tal vez no debiera sorprender la "hinchazón" teniendo en cuanta que en el último lustro se han añadido a los centros de empadronados en España del orden de cinco millones de inmigrantes con derecho a voto. Pero se da la circunstancia de que hay indicios de que estamos asistiendo a fraudes electorales puros y duros en el censo electoral, con la inscripción, por ejemplo, en el mismo domicilio, de  hasta varias decenas de individuos. Posiblemente el caso más llamativo de los que han trascendido es el de Melilla, donde ha sido imputado el gerente del PP por falsedad en un posible delito electoral. La Junta electoral ha corregido a Acebes y ha declarado sin valor los impresos de Internet. Y eso posiblemente es lo más sorprendente y sospechoso: que antes de que hablara la junta electoral hubieran salido en defensa de los probables defraudadores tanto Rajoy como Acebes y la mismísima Esperanza Aguirre, todos justificando la actuación de sus correligionarios en esa localidad, frente a los medios informativos que denunciaron la probable irregularidad. Hoy nos anuncian que la guardia civil va a investigar uno por uno esas 235 alcaldías de la sospecha, y sería conveniente que la sanción fuera rápida y severa: la materia prima de la democracia es el ciudadano con derecho a voto, a quien se consulta cada cuatro años. Y si se manipula y falsifica esa contabilidad, el sistema mismo habrá quedado perfectamente inutilizable y degenerado para mucho tiempo.

   El otro escándalo del momento es mucho menos, apenas una anécdota comparado con la gravedad del primero asunto. Me refiero a los sueldos de nuestros políticos, cuestión puesta de actualidad por la pregunta de una ciudadana a Mariano Rajoy, "cuánto gana usted, señor Rajoy".  Rajoy se resistió a contestar, y ha explicado, con toda razón, que no le había parecido oportuno explicar a la viuda que le preguntaba, con 300 euros de pensión, que él percibía diez o quince mil euros mensuales. Lo peor del caso es lo que ha añadido Rajoy: que mira su cuenta a fin de mes "porque lo necesito y muchísimo". En boca de un aspirante a jefe del gobierno suena a deshonestidad  indicar que diez o quince mil euros de ingresos mensuales "no le llegan a final de mes",  porque se supone que alguna vez podría tener que administrar los presupuestos generales del Estado y hacer que esos dineros públicos lleguen para todo, empezando por las necesidades más apremiantes de algunos ciudadanos especialmente necesitados y en situación altamente precaria. Claro que no hubiera sido "políticamente correcto" que Rajoy explicara a la viuda de 300 euros que frente a tal ingreso él percibía 40 veces más y tampoco  conseguía llegar a final de mes. Idéntico disparate lo cometió en su momento Esperanza Aguirre, que también, con sus doce mil euros mensuales, aseguró que no le llegaban a final de mes. ¿Y cómo llegan los restantes ciudadanos, en su inmensa y casi total mayoría muy por debajo de tales ingresos?

   Pero, ya digo, es la anécdota. De muchísima mayor gravedad es que alguien trame y proyecte el cambio de la voluntad de los ciudadanos mediante  censos de votantes falsificados y de votos "en beneficio" de una determinada opción política decidida a vencer a cualquier precios...