Banco del Sur ¿Economía o Política?

Presidente de Venezuela ha propuesto la creación del Banco del Sur y esta sugerencia ha sido apoyada decididamente por la Argentina. En días pasados se reunieron representantes de estos dos países, más los de Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia, para establecer como se organizará el Banco del Sur y cuales serán sus funciones.

Independiente del diseño que finalmente se adopte conviene analizar las razones económicas y políticas que justifican la creación de una nueva institución financiera.

Desde el punto de vista económico el Banco del Sur es concebido como un banco de desarrollo para financiar obras que mejoren la infraestructura de la región. La inversión en infraestructura en todos los países de la región disminuyó dramáticamente desde los comienzos de la década de los 90 y sólo se ha recuperado en Chile y Colombia. La región ha perdido competitividad frente a los países del sudeste asiático debido a las deficiencias en los puertos, en la red de carreteras y en el suministro de energía. Es evidente que toda la región necesita mejorar su infraestructura, pero esto por si solo no justifica la creación de una nueva institución financiera. Es necesario examinar también si las fuentes de financiamiento actualmente existentes son o no adecuadas.

El financiamiento internacional para obras de infraestructura de la región proviene actualmente del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En menor medida existe financiamiento proveniente del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y de las agencias de desarrollo de algunos países como
Japón. La capacidad de préstamo de estas instituciones es amplia y en principio no existirían limitaciones en la disponibilidad de fondos para financiar el aumento sustancial de la infraestructura que requiere la región. El problema entonces podría estar en las restricciones que imponen los organismos multilaterales de financiamiento actualmente existentes.

En general los organismos internacionales imponen dos tipos de restricciones para aprobar un crédito. La primera tiene que ver con la capacidad de repago del país que recibe el financiamiento. Para esto se examinan las cuentas públicas, la deuda pública y el desempeño económico. La segunda tiene que ver con la calidad de los proyectos presentados y se examina el diseño técnico presentado, la rentabilidad socioeconómica, los impactos ambientales y el tratamiento que se dará a la población desplazada o afectada negativamente por el proyecto. A simple vista esto parece razonable y conveniente. Cabe preguntarse entonces si el nuevo Banco del Sur examinará o no la capacidad de repago del país y la calidad de los proyectos que se financien.

Es conveniente profundizar en cómo se aplican las restricciones en la práctica.

Para determinar la capacidad de repago del país, el Banco Mundial se apoya en los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional. En el actual contexto de Argentina y Venezuela estos análisis no son deseables y esto descartaría el financiamiento del Banco Mundial, a pesar de que él continua usándose actualmente en forma intensiva en la Argentina, incluso en infraestructura. El BID realiza sus propios análisis y, aunque hay consultas con el Fondo Monetario Internacional, ha aprobado operaciones en países que no tienen programas y acuerdos con dicha institución. La Corporación Andina de Fomento es bastante más simple y el país es elegible para recibir financiamiento en un múltiplo de su aporte de capital (cuatro veces si no son proyectos de integración). En cuanto a la calidad de los proyectos, todas las instituciones aplican principios similares que son producto de la evolución que han experimentado las técnicas y metodologías de evaluación de proyectos. El énfasis puede diferir y, por ejemplo, se habla de los requisitos ambientales de la CAF son menos exigentes.

La realidad es que la restricción que existe actualmente para aumentar el financiamiento de proyectos de infraestructura en la región está dada por la limitada capacidad de los países para preparar proyectos que reúnan estándares mínimos de calidad.

Los países no tienen proyectos adecuadamente preparados para que los financien los organismos de financiamiento existentes. Si los países no quieren que exista un análisis del Fondo Monetario Internacional pueden ir al BID o a la CAF. No existen limitaciones financieras para que estas instituciones aumenten notablemente su financiamiento para nuevas obras de infraestructura en la región.

Una dificultad que tienen los mecanismos actuales de financiamiento es que la mayoría de los préstamos son denominados en dólares. Esto ha traído problemas, principalmente para el sector privado que obtiene sus ingresos de la obra realizada en las monedas locales. El BID ha comenzado recientemente a experimentar con préstamos en monedas locales, pero la misma dificultad existirá en el nuevo Banco del Sur. Si sus operaciones son todas en moneda local existe un alto riesgo de que su capital se licue rápidamente y que el Banco necesite continuas inyecciones de fondos de sus asociados.

La creación de un nuevo Banco implica costos para los países miembros. Ellos deben hacer aportes de capital y la capacidad de otorgar préstamos dependerá de la calidad de este capital para garantizar las necesarias emisiones de bonos del Banco en los mercados de capital. A la CAF le costo más de 15 años obtener una clasificación aceptable para sus emisiones de bonos y todo hace presumir que el nuevo Banco del Sur tendrá una capacidad de préstamo limitada a los aportes de capital recibidos más las compras de bonos que hagan los propios países miembros. Es difícil imaginarse a la nueva institución como un activo emisor de capitales en los mercados financieros abiertos. Por otro lado, en toda institución internacional los costos administrativos y burocráticos son altos y esto deberá ser financiado por los países miembros.

Las razones económicas para la creación del Banco del Sur no están claras. En términos políticos el Banco contribuiría a acercar a los países miembros y será una señal de que la región puede actuar sin la participación de los Estados Unidos. Ojalá que esta nueva institución no sea creada para ejecutar obras de infraestructura que sean “elefantes blancos”, los que serán pagados por las futuras generaciones. Tenemos ya demasiados ejemplos en América Latina.


Patricio Millán (Argentina). Director del Departamento de Economía y Profesor de Política Económica de la Universidad Católica Argentina (UCA)