El informe EX/EP30/J06 T3 de la Contraloría General de la República (CGR) emitido el 29 de diciembre de 2006 detectó que desde 1981 no existe ese control en el Sistema de Registro de Bienes Incautados. La ex juez antidrogas y actual magistrada del Tribunal Quinto de Sentencia, Nancy Bustillos, dice que eso significa que desde 1981 los bienes incautados no fueron anotados preventivamente en Derechos Reales o la Unidad de Tránsito para impedir que sean utilizados por sus propietarios “narcos”; no se hicieron trámites judiciales, si es que se entregaron en custodia (y hubo pago de alquileres, por ejemplo); si el inmueble fue confiscado, no se hizo su monetización y traspaso a propiedad pública del Estado. Entre noviembre y diciembre de 2006, la Contraloría emitió cinco auditorías sobre Dircabi (ver cuadro de tres de ellas en la página 2) en las que halló graves irregularidades en las oficinas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las auditorías contienen recomendaciones para ajustar la fiscalización, pero no individualizan a los responsables de esas omisiones. El estudio hecho en La Paz detectó una falta de peritajes sobre el estado actual, la depreciación, el valor de mercado y la calidad de los muebles e inmuebles; no se sabe dónde están ubicadas las edificaciones vigiladas, no existen actas de devolución definitiva de bienes y otras irregularidades. En el análisis a la unidad de Cochabamba se encontró que faltan accesorios de motorizados; hay bienes entregados en custodia cuyos contratos están vencidos y no renovados, carros dados en alquiler cuyo paradero se ignora. En Dircabi Santa Cruz la situación no es diferente, pues se entregaron casas y carros a distintos depositarios, pero no hay actas de entrega y se vio una falta de control a todas las existencias.
Opinión de Cochabamba dedica su titular a la reuníon del Poder Ejecutivo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, prometió ayer, profundizar su revolución, aludió a los casos de corrupción en su partido y no mencionó los errores en la tramitación de los nuevos contratos petroleros, al hacer un balance de la gestión de su Gobierno. Este domingo, Morales se llevó a todo su equipo ministerial a Huajchilla, una localidad ubicada a unos 20 kilómetros de La Paz, para analizar los primeros catorce meses de trabajo del Ejecutivo que preside. Al comparecer ante los periodistas, el Mandatario afirmó que la reunión de evaluación sirvió para ratificar la importancia de "acelerar el proceso de cambio", por el que atraviesa Bolivia junto a los movimientos sociales. Agregó que, a partir de ahora, el Gobierno comenzará a "socializar" sus propuestas con todos los sectores de la sociedad, para recoger las necesidades de cada uno y poder dar así "un mejor servicio al pueblo". Para cumplir este objetivo, el Presidente anunció su intención de realizar, periódicamente, gabinetes regionales en los nueve departamentos bolivianos, con la presencia de todos los ministros y viceministros. Morales recalcó, además, que de este encuentro su gabinete ha salido "fortalecido" y convencido de profundizar la "revolución democrática y pacífica", puesta en marcha en el país. "El debate ha sido transparente, sin ningún miedo, porque hemos dicho las verdades y dónde hemos fallado", subrayó el Presidente acerca de la evaluación de los catorce meses de gestión. Durante este tiempo, la popularidad del Mandatario alcanzó su nivel máximo (81 por ciento), en mayo del año pasado, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos que decretó el día 1º de ese mes, y según las últimas encuestas difundidas ahora ronda el 65 por ciento.
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