Según el diario, los respresentates oficiales de ETA pusieron sobre la mesa "de forma directa y reiterada" el incumplimiento de los compromisos y garantías asumidos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en los acuerdos alcanzados con anterioridad a la declaración de alto el fuego.
Los organismos internacionales presentes en el proceso certificaron esta vulneración de las garantías por parte del Gobierno central, y demandaron a los representantes gubernamentales su cumplimiento para que el proceso no se rompiese y se pudiera avanzar en las negociaciones, explica el diario.
En estos encuentros, ETA constató que el Ejecutivo de Zapatero "ha frenado el desarrollo del proceso político entre los partidos y su práctica ha ido en la dirección opuesta a los principios establecidos en los acuerdos". Como consecuencia de ellos, el proceso entró en una situación de "bloqueo" y, para solventarla, ambas partes acordaron en la última reunión mantenida, en la segunda quincena de diciembre, avanzar hacia un acuerdo entre las formaciones políticas vascas, añade 'Gara'.
En concreto, ETA denunció que el Gobierno español no ha cumplido su principal compromiso político y que el PSOE hay obstaculizado la firma de un acuerdo que permita resolver el conflicto. A juicio de ETA, el Ejecutivo "ha frenado el desarrollo del proceso político entre los partidos y su práctica ha ido en la dirección opuesta a los principios establecidos en los acuerdos".
Desde el punto de vista de ETA, el Gobierno español, en lugar de posibilitar la apertura de una nueva fase, puso más límites al proceso con constantes referencias a los márgenes de la Constitución y la legislación española. Por ello, la organización terrorista advirtió al Gobierno "que no puede pretender construir un proceso de paz con los mismos límites políticos que han provocado el conflicto".
En estos encuentros, según el diario vasco, tres elementos han dejado sentada la existencia de acuerdos previos que dieron lugar a la declaración de alto el fuego: la constante denuncia de la organización armada del incumplimiento de los mismos, la certificación de este incumplimiento por parte de los organismos internacionales implicados y las afirmaciones de los representantes gubernamentales en el sentido de que su voluntad era cumplirlos, aunque ello no se materializara después.
Los compromisos incumplidos a los que ETA hizo alusión en dichos encuentros consistirían en una menor presencia y presión policial, ausencia de detenciones y respeto "de facto" a la actividad de la izquierda abertzale. En cada una de las reuniones celebradas, los representantes de la banda presentaron informes detallados en los que denunciaban "una actividad policial diaria, un permanente acoso a la izquierda abertzale y un goteo incesante de detenciones", dice 'Gara'.
Según informó 'Gara', el seno de la izquierda abertzale se extendió la impresión de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiso utilizar la mesa de negociación y los tiempos del proceso en función de sus propios intereses y cálculos electorales.
En ese sentido, ETA habría llegado a valorar que la credibilidad del Gobierno ante la mesa de negociación estaba "muy tocada", puesto que, incluso habiendo reafirmado su voluntad y compromiso de cumplir los acuerdos alcanzados antes de la declaración de alto el fuego, posteriormente continuó violándolos, "de manera consciente y reiterada", a juicio de la izquierda abertzale.
En opinión de la banda terrorista, el problema surgiría, por tanto, de que el Ejecutivo no tuvo voluntad para activar las medidas y mecanismos necesarios para cumplir los acuerdos. Todo ello habría llevado a ETA a considerar que, hasta ahora, el Gobierno del PSOE sólo buscó desnaturalizar el carácter político del proceso y retrasar y bloquear el momento del acuerdo entre los agentes vascos, con el objetivo de restringir el proceso a una negociación puramente técnica.
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