Mediación institucional

Madrid necesita un Consejo de Mediación entre Instituciones que acabe con la política basada en la frase "el último que apague la luz" que actualmente sufrimos. La Ley de Capitalidad aprobada el año pasado quizás sea un paso al fijar que el Ayuntamiento estará en la Comisión de Cercanías y del Aeropuerto de Barajas, pero es insuficiente para atender los múltiples problemas derivados del día a día de esta capital.

Si Fomento quiere hacer un segundo y hasta un tercer túnel de la risa, si el Ayuntamiento quiere eliminar hasta 40.000 coches del eje Prado Recoletos, si la Comunidad quiere construir una nueva línea de metro, no basta con decir: "Yo abro periodo de alegaciones y cumplo la ley". Hacerlo así supone protestas, enfrentamientos, bloqueos incluso. Y quienes pagan el pato son los ciudadanos que no saben cuánto van a durar las obras de Sol, que desconocen en qué ha cambiado el proyecto de la reforma del Prado como consecuencia de las protestas de la baronesa Thyssen, que se preguntan para cuándo la Operación Chamartín o que ignoran que depara el futuro a la ampliación de la M-50.

Una cosa es que la política entre en liza y otra que cada uno campe por sus respetos. Lo lógico es que un organismo, independientemente del trámite obligatorio de las alegaciones, se sentara con los máximos responsables del resto de las  instituciones afectadas y presentara su propuesta para, antes que nada, lograr un consenso. Pero aquí eso no se estila. prima más la batalla.

Cuando Fomento llega a acuerdos con Duch sobre Chamartín pues llega y lo vende como un éxito a pesar de que días después Ayuntamiento y Comunidad descalifiquen lo acordado, algo importante si se tiene en cuenta que sin su cooperación el proyecto de Chamartín no saldrá adelante. Si Fomento quiere una macroestación en Atocha y el Ayuntamiento, por su parte, quiere que la estación de AVE esté en Abroñigal háblese antes, máxime si ello afecta a proyectos com o la reforma del Prado, la ampliación de la red de Cercanías o la moficación de la ampliación del Metro; si la Comunidad quiere un campo de golf en el parque de Santander háblelo con el Ayuntamiento sobre todo cuando la licencia municipal no lo contempla. Y así todo.

En buena lógica, no sólo deberían ser consultadas las instituciones. Muchas veces los políticos, sean del signo que sean, se olvidan de los directamente afectados y sólo descubren que existen cuando éstos protestan por no estar de acuerdo parcial o totalmente con un proyecto. Quizás para entonces ya está todo concluido, quizás obligue a modificaciones costosas. No estoy hablando de que sea necesario negociar todo pero si lo sustancial. Al fin y al cabo, las instituciones trabajan por y para sus representados. O, al menos, deberían.