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El Gobierno rechaza trasvasar agua del Tajo para regadío

El PSPV acusa a Camps de "castigar" a los agricultores con su "oposición" a la desaladora de Torrevieja

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, manifestó este viernes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "pretende castigar a los agricultores que han acordado con el Ministerio el uso del agua de la desaladora de Torrevieja" con su "oposición" a esta infraestructura, y señaló que  el Consell "ha declarado la guerra a los agricultores que acepten el agua del Gobierno".
En opinión del responsable socialista, "la agricultura valenciana no tiene por qué pagar el precio de la arrogancia de Camps", y defendió que el agua de la desaladora "contribuirá a consolidar los regadíos frente a la especulación urbanística que se está apoderando de esa zona".

Asimismo, Francesc Signes lamentó, a través de un comunicado, que frente a "los palos para quienes aceptan el agua del Gobierno, Camps le da la zanahoria de un millón de euros a los que se oponen al Júcar-Vinalopó", y, al respecto, criticó que el jefe del Consell "esté financiando con dinero público la desaparición de la agricultura valenciana".

El responsable de agua y agricultura del PSPV señaló que la "oposición" del presidente de la Generalitat a la desaladora de Torrevieja y al trasvase Júcar-Vinalopó "evidencia el egoísmo político de quien sólo sabe gobernar desde la crispación". A este respecto, indicó que la Unión Europea "ha estudiado ya ambos proyectos, a los que ha dado su visto bueno, concediéndoles financiación para su construcción".

También vinculó la "oposición" del Consell a la desaladora de Torrevieja con la concesión de un aval por 950.000 euros a la Junta de Usuarios del Vinalopó "para respaldar su oposición al trasvase desde el Júcar que está construyendo el Ministerio". Signes calificó de "deplorable" la actitud de Camps hacia la agricultura valenciana, a la que "ha convertido en su campo de batalla contra Zapatero". A este respecto, afirmó que el Consell "ha declarado la guerra" a los agricultores que acepten el agua del Gobierno.

"Retraso en la modernización"

Signes acusó al Consell de utilizar "el palo y la zanahoria para intimidar a los agricultores" y recalcó que los dirigentes sindicales agrarios "fueron insultados por varios consellers, por apoyar el diálogo del agua con el Gobierno". Asimismo, afirmó que el respaldo de los agricultores del Júcar al nuevo trazado del Júcar-Vinalopó "les está costando el retraso en la modernización de sus regadíos, que ya debía tener hecha la Generalitat".

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV considera que la Comunitat Valenciana "tendrá difícil contar con el agua que necesita mientras gobierne Camps", y, en este sentido, destacó que la desaladora de Torrevieja y el Júcar-Vinalopó suponen un aporte de 160 hectómetros cúbicos "para la zona más necesitada, Alicante, y para el sector más sediento, los agricultores".

Por ello, indicó que oponerse a la llegada del agua "por intereses partidistas es una inmoralidad". A este respecto, considera que los 950.000 euros concedidos a la Junta de Usuarios "que se opone al trasvase debería destinarse a la construcción de las conducciones del postrasvase, para que el agua llegue a las parcelas". De no hacerlo así, advirtió de que Camps "será el único responsable de que los agricultores de Alicante no tengan el agua que necesitan".

 Por otro lado, el responsable de agricultura del PSPV declaró que "en la estrategia del Consell contra la agricultura", el conseller del ramo, Juan Cotino, "es el encargado de firmar su sentencia de muerte". A este respecto, calificó de "indecente la negativa de Cotino a reunirse con los representantes agrarios para hablar sobre el problema de los precios". En su opinión, el conseller "ha estafado a los agricultores, al venderles un acuerdo con las distribuidoras que no se está cumpliendo". 

Trasvase para consumo humano

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un trasvase de 12 hectómetros cúbicos (hm3) para el mes de enero para consumo humano y nada para regadío, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura había recomendado al Ejecutivo una transferencia de 46 hm3 en el trimestre enero-marzo, de los cuales 11 hm3 debían ir a regadío, pero el Consejo de Ministros ha preferido destinar sólo agua para abastecimiento y analizar a finales de enero la situación de los embalses de la cabecera del Tajo para autorizar otras transferencias.

"El Gobierno ha aprobado un trasvase de 12 hm3 para consumo humano del sistema Tajo-Segura", indicó Rodríguez Zapatero, quien afirmó que "la política del agua es una política en la que se quiere buscar el máximo de acuerdo con las comunidades autónomas". "Es una política que determina nuestro desarrollo, afecta al desarrollo económico, afecta a la política medioambiental y afecta al equilibrio territorial de España", indicó el presidente.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó que "mes a mes se irá revisando las decisiones de trasvase (Tajo-Segura) de acuerdo a cómo vayan evolucionando las reservas en la cabecera". "Así, 35 hm3 sería el abastecimiento de tres meses, pero de momento la decisión de hoy ha sido para el abastecimiento del mes de enero", indicó en declaraciones tras su visita al stand de la Fundación Biodiversidad en Juvenalia.

"El Gobierno se vuelve a dar cita dentro de un mes para ver si es posible dar un riego de socorro hacia la cuenca del Segura, puesto que según la información del Ministerio de Agricultura parece absolutamente imprescindible que durante este trimestre haya al menos un riego de unos 11 hm3. Eso no se ha decidido hoy, porque ha prevalecido una decisión de prudencia para garantizar el abastecimiento, pero habrá una nueva cita en este materia dentro de un mes", explicó Narbona.

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