González Pons apuntó que "
si las obras de esta desaladora se llevan a cabo sin cambiar el proyecto llevaremos a la ministra Cristina Narbona y al Ministerio de Medio Ambiente ante el fiscal para que estudie la posibilidad de que se esté cometiendo un presunto delito contra el medio ambiente".
En este sentido, pidió al Ejecutivo central que "busque una alternativa, si no quiere hacer el trasvase del Ebro, que no sea agresiva para la Comunitat y cese a los responsables ministeriales que hayan sido capaces de anteponer la desaladora a la protección de los espacios naturales más importantes de la Comunitat".
Por otra parte, destacó que la Comunitat Valenciana contaría con "la desaladora más grande del mediterráneo, ya que superaría a la israelí de Ashkelón, actualmente la más voluminosa y todavía en construcción, que cuenta con una capacidad total de 330.000 m3/día y cuyo destino es el abastecimiento urbano de aproximadamente 1.500.000 habitantes. Por su parte, la de Torrevieja se diseña para tener, a medio plazo, una capacidad de 360.000 m3/día, aunque la declaración de impacto sólo contempla 180.000 m3/día (60 hm3/año), a los que hay que sumar otros 60.000 m3/día de la ampliación no sometida a evaluación", indicó.
Subrayó que "si llegara a construirse sería la más grande del mundo destinada a sólo a consumo agrícola" por lo que "la Comunitat sería el lugar del mundo donde se desalara más agua con destino agrícola. Seríamos quienes más desaláramos en un país que tiene una dotación de agua por habitante más alta que la media europea", agregó.
"Fábrica de agua"
Por todo ello, indicó que tiene la "sospecha de que se pretende desalar agua desde Torrevieja no sólo para la Comunitat sino para otras autonomías" y que "el resultado final del 'plan Narbona' es no traer agua del Ebro y, desde aquí, desalar agua para llevar a otras comunidades como Castilla La Mancha o Aragón". Así, opinó que "el Gobierno de España quiere que la Comunitat sea la fábrica de agua para toda España".
González Pons criticó la resolución 23 de junio de 2006 por la que el Ministerio adoptó "la decisión de no someter a declaración de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la desaladora". Al respecto, resaltó que "la propia declaración de impacto ambiental" reconoce que el proyecto afecta, entre otros, a los "espacios protegidos de las Lagunas de la Mata y Torrevieja--lugar de importancia comunitaria, zona LIC, zona de especial protección para aves, zona CEPA y área de importancia para aves número 67--, y la zona marina de Cabo Roig--lugar de importancia comunitaria, zona LIC--".
"Según el proyecto, --añadió-- también afectaría a diversos hábitats considerados de importancia comunitaria, pero sobre todo, a las praderas marinas de posidonias situadas en la LIC de Cabo Roig y consideradas como hábitat prioritario por la UE", remarcó.
El conseller criticó que el estudio de impacto ambiental "en ningún momento contempla alternativas para la ubicación de la planta desaladora y para la ubicación de las subestaciones eléctricas asociadas proponiéndose directamente que la desaladora esté ubicada en el perímetro de protección del parque que además es zona LIC, zona CEPA y que la salmuera se aboque en la zona LIC de pradera de posidonea".
Agregó que la Generalitat considera la zona donde se ubicaría la desaladora como "zona de predominio agrícola dentro de la normativa del PARC" y ese es el "motivo esgrimido por el Ministerio para justificar la ubicación de esta desaladora". Explicó que "la solución de vertido de salmuera finalmente escogida es la exterior al puerto, adosada al dique de poniente tras cruzar la bocana del mismo, y mediante difusores de superficie sobre una zona con profundidad de entre menos 7,5 metros y menos 10 metros".
Afirmó también que "el propio informe considera que las praderas de posidonea están situadas en una zona de menos ocho metros lo que quiere decir que se abocaría directamente sobre la posidonea de la zona LIC de Cabo Roig". Asimismo, recordó que el citado informe advierte de "la afección de la toma, conducción y posterior vertido y del rechazo sobre la zona LIC Marina de Cabo Roig, especialmente, sobre las especies protegidas existentes y reconoce el posible daño que se pueda hacer sobre la posidonea", remarcó.
"Infracción del derecho comunitario"
González Pons anunció que la denuncia que el Consell efectuará ante la CE se hará por "infracción del derecho comunitario" de normas europeas infringidas como "la directiva europea marco del agua 2060 por el vertido de salmuera al mar siendo ésta un vertido contaminante y sobre una zona LIC marina; la solicitud de autorización del vertido previo que es competencia autonómica; la directiva 74/409 de conservación de aves silvestres porque la planta se ubicaría en una zona de amortiguación de impactos de las lagunas de Torrevieja --zona CEPA--".
Al respecto, apuntó que "el ministerio reconoce que la planta podría afectar a 10 especies de aves nidificantes", al tiempo que criticó que, en su opinión, también infringe "la directiva europea de los hábitats por el daño irreversible que el vertido de salmuera contaminante supondría para los hábitats esenciales de la declaración de LIC marina, el hábitat prioritario de las praderas de posidonea y el de la cimolofea; vulneración del principio de precaución reconocido por todo los tratados constitutivos vigentes de la UE".
En esta línea, el titular de Territorio indicó que "cualquier acción no avalada por la seguridad estricta de no afección al medio ambiente no puede llevarse a cabo según los tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza", que "reconocen en la declaración de impacto ambiental que se produciría tal afectación pero sin poder evaluarla exactamente de antemano", precisó.
"Incumplimiento de Kyoto"
En cuanto al gasto energético, señaló que cuando la desaladora esté funcionando a plena producción la planta gastará 600 mega watios hora (120.000.000 m3x5 kwh/m3) lo que supone el 60 por ciento de la energía eléctrica producida por la central de Cofrentes 1000 mwh) solo con esta actuación, "lo que hará imposible el cumplimiento del Protocolo de Kyoto".
En este sentido, apuntó que para contrarrestar el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera (más de 1,2 millones de toneladas) necesarias para la generación de energía eléctrica que permiten el funcionamiento de la desaladora, serían necesarios 65 millones de árboles, que harían posible la absorción del dióxido de carbono
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