Esta norma señala que, tras su aprobación, el Ejecutivo central debe autorizar la convocatoria de la consulta y que ésta se celebrará en el plazo de seis meses.
De acuerdo con la legislación electoral vigente, el referéndum deberá celebrarse con un margen de al menos 90 días respecto a otra consulta, en este caso las elecciones municipales previstas para el 27 de mayo.
Con ello, la fecha más probable se sitúa en torno a la segunda quincena del próximo mes febrero.
A este respecto, el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, insistió en que "la fecha de referencia" sigue siendo la del domingo 25 de febrero.
Cervera indicó que la cesión de esta competencia, que podría aprobarse en un próximo Consejo de Ministros, supondría, "un paso más en el autogobierno de Andalucía" en el que, precisamente, profundiza el nuevo Estatuto al fijar en su artículo 248 que el presidente andaluz será el competente para convocar un referéndum sobre reformas estatutarias.
El portavoz del Ejecutivo andaluz destacó la trascendencia de la participación que se obtenga en el referéndum y formuló un "llamamiento" a todas las organizaciones políticas y sociales andaluzas "para que animen a la participación".
"Esta participación va a medir la fortaleza de Andalucía no frente a nadie, pero sí ante el conjunto de comunidades autónomas y de España a la que Andalucía quiere aportar y seguir aportando lo mejor", apostilló.
En su opinión, la fecha del referéndum también será "la mejor ocasión" para que los andaluces "vuelvan a demostrar su inequívoco compromiso con la autonomía y con el autogobierno de Andalucía".
El respaldo más amplio
El texto que se someterá a referéndum superó en el Senado español su último trámite, con el respaldo más amplio recibido hasta ahora por una propuesta de esta índole.
La Reforma del Estatuto, que dotará a la comunidad autónoma del máximo techo competencial y ampliará los derechos sociales de sus ciudadanos, es fruto de una larga negociación política que tuvo su punto de partida en junio de 2001, cuando, con ocasión del Debate del Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, lanzó la idea de reformar el texto para "impulsar un nuevo horizonte de autogobierno".
El impulso definitivo llegó en junio de 2004, cuando el Parlamento andaluz acordó crear la Ponencia de Reforma, integrada por once parlamentarios.
Este órgano, además de elaborar una declaración conjunta, decidió convocar a un amplio abanico de representantes sociales, económicos y culturales, además de expertos constitucionalistas, que expusieron en sede parlamentaria sus opiniones y propuestas sobre el proyecto.
El 16 de febrero de 2006 el pleno del Parlamento admitió a trámite la proposición de Ley de Reforma del Estatuto y el 2 de mayo fue aprobada en el pleno.
Tres días más tarde, la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, presentó la propuesta en el registro del Congreso de los Diputados.
Después de su toma en consideración por la Cámara Baja, los grupos parlamentarios presentaron un total de 285 enmiendas al texto.
En el Congreso los trámites se prolongaron durante casi dos meses y el 2 de noviembre el pleno aprobó el Proyecto de Reforma con el voto favorable de 306 de los 308 diputados presentes.
Tras su paso por el Senado, el texto tendrá que ser refrendado por los andaluces en febrero de 2007.
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